Desde los ámbitos judicial y policial también se pidió a María Dolores de Cospedal que acuda a los tribunales si tiene pruebas. El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria instó a la número dos del PP a que rectifique o presente una denuncia en los juzgados por la supuestas escuchas telefónicas ilegales. «Cuando un juez ha hecho una escucha es porque existe un procedimiento abierto o un sumario, aunque sea secreto», manifestó Marcelino Sesmero.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió a la secretaria general del PP que denuncie las escuchas si tiene pruebas porque sus declaraciones son «muy duras» como para no sustentarse en pruebas, según señaló su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet.
La Confederación Española de Policía (CEP) negó rotundamente la posibilidad de que un miembro del cuerpo haya participado en escuchas ilegales. Asimismo, el sindicato policial avisó a los populares de que «ventilar públicamente sospechas, intuiciones, confidencias de nula credibilidad y acusaciones sin respaldo probatorio alguno contra las instituciones del Estado también contribuye a deteriorar la calidad de nuestra democracia».
En un comunicado, la CEP resaltó que imputaciones tan graves como las lanzadas exigen su «inmediato traslado al órgano judicial correspondiente, con todos los detalles que permitan identificar al autor o autores de estas prácticas ilegales».