El ministerio público ha cambiado su criterio contrario a la acusación tras un nuevo informe de la Agencia Tributaria
12 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira deja en manos del Supremo el futuro del caso Gürtel. El magistrado elevará antes del próximo martes una exposición razonada al alto tribunal después de que la Fiscalía le haya pedido esta semana que abandone el sumario, tras constatar que ya hay «indicios suficientes» para imputar al tesorero del PP y aforado nacional, Luis Bárcenas, en la trama de sobornos que salpica a la formación conservadora.
Anticorrupción, que basa sus acusaciones en un reciente informe de la Agencia Tributaria, considera ahora que Bárcenas habría incurrido en diversos delitos fiscales y en cohecho por el supuesto cobro de coimas de la red del empresario Francisco Correa. El ministerio público, que en cuatro ocasiones había rechazado acusar al senador cántabro, a la luz de las revelaciones de Hacienda también ve motivos para imputar a otro aforado de la formación conservadora, Jesús Merino, diputado del PP por Segovia y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior madrileño, Pedreira recibió a principios de esta semana la petición de Anticorrupción, que adjuntaba el informe de la Agencia Tributaria. Desde que la Fiscalía reclamó su inhibición, el magistrado trabaja contra reloj para redactar cuanto antes su escrito al Supremo. En él insta al tribunal a que tome una decisión sobre este sumario, ya que en ningún caso la Justicia madrileña es competente para interrogar a los aforados nacionales a los que, ahora sí, acusa formalmente la Fiscalía.
El informe de Hacienda, según fuentes del ministerio público, tiene como «punto fuerte» que establece «relaciones directas» entre los ingresos millonarios del senador cántabro y del diputado castellano con salidas «concretas» de la caja B de la trama. Unos movimientos monetarios que se registraron, al menos, hasta julio del 2004, fecha en la que Correa fue apartado del PP nacional tras constatar la nueva dirección del partido que la red utilizaba el nombre de la formación.
La fecha en la que se produjeron los supuestos cohechos es importante. Los delitos económicos prescriben a los cinco años, por lo que la Fiscalía solo tiene un mes para activar la investigación antes de que los ilícitos dejen de ser perseguibles. Responsables de Anticorrupción y de la Fiscalía del Supremo se reunieron esta semana para estudiar este asunto. El ministerio público confía en que el Supremo nombre un instructor antes de finales de junio, bloqueando así la caducidad del delito. La Fiscalía, que en marzo y abril rechazó una y otra vez la petición de Garzón de elevar el caso al Supremo, asegura que no ha habido un cambio de opinión. Simplemente, la investigación ha deparado nuevos datos.