El ponente de la sentencia que condenó a Gómez de Liaño por prevaricación critica la decisión del Supremo
29 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una querella criminal contra Baltasar Garzón como presunto autor de un delito de prevaricación en la causa sobre la memoria histórica sigue suscitando reacciones. Abogados que actuaron como defensores en el pleito consideran que la querella carece de todo fundamento; por eso piden que el alto tribunal corrija su decisión. Este grupo de abogados ha suscrito un comunicado en el que consideran que la querella pretende que se olviden los hechos cometidos por la dictadura franquista y «atacar» la actuación de Garzón «con el propósito de socavar su independencia, su prestigio y su propia labor jurisdiccional». Las asociaciones de defensa de la memoria histórica entienden que la decisión «reabre heridas». La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica tachó de agravio a las víctimas del franquismo y de la dictadura la decisión del Supremo.
Querella «infame»
En un comunicado, la asociación granadina califica de infame la querella contra el juez por investigar «los crímenes contra la humanidad» cometidos por el franquismo desde 1936 a 1975, ya que, a su juicio, también los desaparecidos tienen derecho a la tutela judicial efectiva que Garzón intentó aplicar a petición de los familiares. Por otra parte, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, dijo que es una «vergüenza» que el Supremo haya admitido una querella contra el juez cuando ha sido «incapaz» de condenar todavía a los «verdugos» de esa etapa.
El ex magistrado del Supremo Gregorio García Ancos, que fue ponente de la sentencia condenatoria contra el juez Javier Gómez de Liaño por prevaricación, aseguró ayer en León que no le agrada el caso abierto contra Baltasar Garzón. «Con todos los respetos para el Supremo -dijo-, no me agrada mucho porque es muy delicado; a un juez se le debe respetar más».
Por su parte, el abogado y ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado en su día por prevaricación, afirmó que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo le produce una «enorme preocupación y tristeza», y le ofreció su «modesto consejo» personal o jurídico.