España se reservará el derecho de emprender las acciones legales que estime oportunas contra el Reino Unido y contra la empresa de salvamento marítimo que gestionó el hundimiento del chatarrero New Flame en las costas de Gibraltar, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Así se lo comunicó el director general de Política Exterior para Europa y América del Norte, José Pons, a la embajadora del Reino Unido en Madrid, Denise Holt, que fue convocada por el Gobierno para que diese explicaciones. Ambos estuvieron reunidos ayer durante más de una hora en el ministerio.
Pons le trasladó a Holt la queja del Gobierno español por la manera en que las autoridades gibraltareñas han llevado a cabo las labores de salvamento, así como por la falta de reacción del Reino Unido en la crisis. Por este motivo, el Gobierno se reserva el derecho de llevar a los tribunales nacionales e internacionales el caso, así como denunciarlo ante las autoridades internacionales correspondientes.
Además, Pons le solicitó a la embajadora del Reino Unido que, como «responsable pleno internacional» por Gibraltar en las operaciones de remoción de los restos del New Flame , mejore las comunicaciones con las autoridades marítimas españolas con el objetivo de evitar vertidos y contaminaciones que pongan en riesgo el medio ambiente de la zona. Asimismo, en el marco del Foro de Gibraltar, en el que participan los tres Gobiernos, Pons urgió a las autoridades británicas y gibraltareñas a que establezcan mecanismos para hacer frente a eventualidades de estas características.
Denuncia por contaminación
La Junta de Andalucía anunció que denunciará ante la UE a las autoridades gibraltareñas por la negligencia en la gestión del hundimiento y por la contaminación del vertido de hidrocarburos en las playas de La Línea de la Concepción (Cádiz).
La Junta, además, iniciará acciones de responsabilidad civil contra el armador y la aseguradora del barco, encallado desde agosto en aguas cercanas a Algeciras, para resarcirse de los gastos ocasionados por los vertidos en la costa andaluza.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, dijo que si la gestión del caso hubiera dependido de la Junta «se habría solucionado hace muchos meses» y se habría retirado el buque del lugar, al tiempo que criticó la «falta de diligencia de las autoridades gibraltareñas». También el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción denunciará a la empresa armadora y al ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, por delitos referidos a la salud pública y a los recursos naturales.
La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, señaló que «es hora de que el Gobierno de Gibraltar reconozca que necesita ayuda para afrontar una situación como esta», y destacó que la Junta y el Gobierno le han ofrecido en reiteradas ocasiones su colaboración.