El secretario español de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, confirmó ayer que España lleva semanas negociando con Italia para garantizar que los ciudadanos rumanos amenazados de expulsión por Roma no se trasladen de forma masiva a territorio español.
«Llevamos semanas hablando con las autoridades italianas a efectos de evitar cualquier perjuicio o cualquier efecto negativo en territorio español», admitió Camacho en una comparecencia al margen de una reunión de ministros europeos de Interior celebrada en Bruselas.
«Incluso el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba trató recientemente este asunto en Varsovia con su colega italiano», agregó Camacho, al referirse a la seriedad de esas discusiones.
Sin embargo, el secretario de Estado quiso insistir en que, a pesar de que en un principio «existió preocupación en el Gobierno», no hay por el momento indicio alguno de un desvío masivo de este colectivo inmigrante hacia España.
El Gobierno italiano aprobó la semana pasada un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.
«Se trata de expulsiones individuales, no masivas, que están sometidas a control judicial, además de que se garantiza que los expulsados lo serán hacia territorio rumano», prosiguió Camacho. «Por tanto, podemos decir que en este momento no parece existir ningún perjuicio que pueda producirse a nuestra política de control de la inmigración por la ejecución de esa ley italiana», subrayó.
Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, advirtió del peligro de caer en la «criminalización» de un colectivo social a causa de algunos actos individuales. «Son cientos de miles de rumanos los que viven en España de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, que están afiliados a la Seguridad Social y que contribuyen con sus impuestos al bienestar de nuestra sociedad», recalcó.