El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, propuso ayer por sorpresa que se someta al veredicto de los ciudadanos el acuerdo alcanzado por la eurozona para solucionar la crisis griega y que incluye una condonación del 50 %, y anunció, además, que se someterá a un voto de confianza en el Parlamento. En un discurso ante sus correligionarios del grupo parlamentario socialista, Papandreu declaró que en estos momentos el pueblo debe decidir con un referendo «si aprueba o no el acuerdo» y afirmó que, «si no lo acepta, entonces no se aplicará».
El mandatario griego superará la moción de confianza si logra el respaldo de 151 de los 300 diputados. El Pasok de Papandreu cuenta con 153 diputados, un apoyo suficiente para superar esa moción y evitar así la convocatoria de elecciones anticipadas que conllevaría perderla.
El primer ministro ha solicitado, hasta el momento sin éxito, el respaldo de la oposición tanto para su estrategia de austeridad como para el plan aprobado el pasado miércoles, por el que se le perdonan a Grecia unos 100.000 millones de euros de deuda, pero que también obliga a Atenas a una dura política de recortes y ahorro.
Funcionarios en la reserva
Por otra parte, el Ministerio de Finanzas griego notificó ayer a todos los directores de organismos y empresas públicas que en 15 días han de informar de los funcionarios candidatos a formar parte de los primeros 20.000 que pasarán a la «reserva» el 1 de diciembre, un paso antes del despido definitivo. Una primera tanda de 4.000 trabajadores públicos serán jubilados a finales de noviembre y el resto quedarán a la espera de que terminen los planes de supresión de organismos públicos, para comprobar quiénes de ellos son prescindibles y pueden ser despedidos definitivamente. Esta orden forma parte de las obligaciones que ha asumido Grecia con el FMI, el BCE y Bruselas para reducir su déficit, entre las que se cuenta reducir la plantilla del sector público en un 30 % hasta el 2015, lo que implica eliminar 300.000 puestos de trabajo. Hasta la fecha, el país heleno ya ha suprimido 170.000 de los 800.000 puestos de empleados públicos, mediante jubilaciones anticipadas y no renovaciones de contratos.