Si las empresas tendrán la oportunidad de saltarse el filtro y las exigencias de las comunidades autónomas para instalar molinos, ¿por qué a ellas no les gusta el nuevo decreto?.
La realidad es que los grandes grupos eólicos saben que por mucha autorización que tengan del Ministerio de Industria, jamás podrán clavar sus aerogeneradores en tierra si las comunidades autónomas se oponen. De ellas dependen los permisos urbanísticos y medioambientales imprescindibles para construir los parques. Y tanto el conselleiro Javier Guerra, como su director xeral de Industria, Ángel Tahoces, lo dejaron ayer meridianamente claro: «Desde la Xunta torpedearemos cualquier intento de saltarse a las comunidades», sentenciaron.
Para colmo, el Gobierno central quiere primar tan solo las 1.500 primeras horas equivalentes de viento en cada parque, algo que condena a Galicia, donde la misma media de horas supera de largo las 2.000.
Entre otras cuestiones, las alegaciones de la Xunta aluden a los defectos formales, al vacío competencial que se precipita sobre las comunidades autónomas, al hecho de que se prime la ineficiencia sobre las zonas con mayor viento y por tanto mejores parques; a la inseguridad jurídica de algunos aspectos claves, o a la retroactividad que se pretende decretar para algunos en el nuevo régimen de primas.