Trabajadores y empresas creen que será el fin si no se arregla el «tax lease»
09 ago 2011 . Actualizado a las 11:16 h.Sindicatos y patronal auxiliar del sector del metal de Galicia coincidieron ayer en demandar en Vigo, tras una reunión de urgencia para analizar la débil situación del naval, más firmeza en la postura del Gobierno español respecto al conflicto intracomunitario por el tax lease -una forma de financiación para la construcción de buques por medio de bonificaciones fiscales-, y que esta solución llegue como muy tarde «ya en el mes de septiembre». En el caso de que la fórmula se dilate más en el tiempo, los sindicatos y la patronal consideran que puede extenderse el certificado de defunción de un sector básico para la economía gallega, pero que tiene, además, grandes intereses en otras comunidades autónomas como la vasca, la andaluza o la asturiana.
La reunión de ayer entre empresarios y sindicatos -que hasta hace año y medio sería prácticamente impensable por sus posturas antagónicas en numerosos aspectos- sirvió para tratar de dibujar una hoja de ruta conjunta, con implicaciones de ambas partes en una solución que cada vez parece más compleja, al menos a corto plazo. De entrada, se presupone que debe ser solventada por el Gobierno de Madrid y a nivel comunitario, y puede, por tanto, que sea un problema demasiado grande para un sector naval gallego que ya ha empezado la lucha hace tiempo, pero que, por el momento, pelea solo. Ni Andalucía, ni el País Vasco ni Cantabria ni Asturias han contestado contra el litigio que desde Bruselas bloquea las ayudas públicas por parte del Gobierno de Madrid.
Sin embargo, lo paradójico es que la crisis es para todos, porque ningún astillero privado español puede contratar buques nuevos hasta que no se resuelva el procedimiento de investigación abierto por la Unión Europea. En el fondo de toda la situación subyace que, además de la escasez de nuevos contratos, la crisis se ha agudizado debido a este procedimiento recientemente abierto por Bruselas sobre el mecanismo de bonificaciones fiscales que tiene en vigor España, a instancia de una demanda presentada por astilleros de varios países comunitarios.