El informe con las propuestas elaborado por la Xunta y el sector naval «defiende la legalidad del sistema de arrendamiento actual y busca una solución para la situación en el futuro que permita la continuidad del sector».
09 ago 2011 . Actualizado a las 20:25 h.El Ejecutivo gallego insiste en la urgencia de reclamar al Gobierno central una respuesta sobre las medidas que ha adoptado ante la Comisión Europea en defensa del sector naval gallego.
«La Xunta de Galicia continúa sin tener respuesta aún del Gobierno sobre las alternativas propuestas a la suspensión del tax lease», se dice en un comunicado del Gobierno autonómico.
La Xunta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Galicia enviaron el pasado mes de julio una carta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la que reclamaban un nuevo instrumento fiscal ante la incertidumbre que vive el sector naval a raíz del expediente abierto por la UE sobre el «tax lease».
De esta forma, los firmantes de la misiva expresaban su preocupación ante una hipotética supresión del 'tax lease', un procedimiento financiero que permite ahorrar impuestos por medio de la amortización acelerada de los buques que se construyen en astilleros españoles y que la Comisión Europea sostiene que vulnera la libre competencia.
En aquella ocasión, los firmantes del escrito también enviaron una copia a la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.
En un comunicado difundido hoy, la Consellería de Economía e Industria de la Xunta destaca que «una vez terminado el plazo de presentación de alegaciones a la Comisión Europea, y ante la ausencia de respuesta del Ejecutivo central sobre el asunto, remitió a los ministerios de Industria y Hacienda una nueva carta solicitando información sobre las medidas que se están llevando a cabo así como las alegaciones presentadas».
En el escrito, la Consellería urge al Gobierno a buscar «soluciones inmediatas», al explicar que la supresión del tax lease «está impidiendo la contratación de nuevos buques en los astilleros gallegos, lo que hace la situación insostenible y pone en peligro 14.000 puestos de trabajo».
Además, la Xunta le manifiesta al Ejecutivo central su «total disposición» para tratar de encontrar alternativas e insiste en la importancia de actuar con rapidez «para buscar soluciones a la incertidumbre generada por la investigación» abierta por la Comisión de la Competencia de la UE.
El informe con las propuestas elaborado por la Xunta y el sector naval «defiende la legalidad del sistema de arrendamiento actual y busca una solución para la situación en el futuro que permita la continuidad del sector».
Se añade en el comunicado de la Xunta que el documento «detalla argumentos jurídicos» para garantizar que las construcciones de barcos en curso «no se vean afectadas por la suspensión de esta fórmula de financiación, que en ningún caso debería tener efectos retroactivos».
Además, se incluyen las propuestas para poner en marcha fórmulas alternativas a la amortización acelerada, que pasan por un sistema de amortización libre, que permita a las compañías seguir contratando y favorecer la supervivencia de los astilleros y de la industria naval auxiliar.