La Xunta preparará alegaciones para defender al sector naval ante Bruselas
09 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.No es un signo definitivo, pero es el primero desde que se desató la crisis del tax lease en el sector naval. El gabinete del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha dado señales a la Xunta de que la resolución que finalmente se adopte con la investigación abierta al sistema de ayudas fiscales a la construcción de buques en España no tiene porqué aplicarse con carácter retroactivo. Lo confirmó ayer el conselleiro de Industria, Javier Guerra, tras una reunión mantenida en Vigo con la asociación de empresarios del metal (Asime). Descartar la retroactividad es una cuestión relevante, ya que estas bonificaciones se aplican desde el año 2003 y, en caso de que se declaren irregulares, podrían obligar a devolver un dinero que arruinaría directamente al sector naval.
Como medida preventiva, el Ministerio de Economía bloqueó desde el pasado día 1 la aplicación del tax lease para las nuevas contrataciones de buques. Las ayudas rebajaban el precio para el armador hasta en un 30 % en función del tonelaje y, sin ellas, los empresarios creen imposible captar nuevos encargos, al perder «toda la competitividad». Al menos cuatro barcos que iban a firmar astilleros gallegos como Barreras o Freire, con una inversión superior a los 500 millones, se han visto afectados por este bloqueo. Barreras, además, sigue al borde de la suspensión de pagos, acuciado por una deuda superior a los 50 millones, ya que no tiene contratos y está inactivo desde el pasado junio.
La Xunta, según explicó Guerra, ha realizado gestiones en Madrid y Bruselas para advertir sobre el efecto de la paralización del tax lease en el naval. Núñez Feijoo remitió una carta a Zapatero a principios de julio en la que lo advertía del peligro de colapsar al sector. Un mes después, el presidente del Gobierno no ha contestado. El Ejecutivo autonómico se dirigió en términos similares a los ministerios de Economía e Industria. Ayer, la Dirección General de Tributos recibió al director xeral de Industria y a los portavoces del sector financiero para estudiar medidas paliativas que, cuando menos, garanticen la continuidad de los barcos actualmente en construcción. La banca ya ha comenzado a poner problemas para seguir adelante con la financiación de estos proyectos.
Afectados a partir de junio
La respuesta de Bruselas implica que solo se verían afectados por lo que pase los contratos firmados después del 1 de junio, cuando se abrió el expediente a España, a raíz de la denuncia interpuesta por las asociaciones navales de Holanda, Noruega, Francia, Finlandia y Portugal.
Javier Guerra afirmó que preparará alegaciones para defender al sector ante la DO de la Competencia. «Las pondremos a disposición de las empresas y del Gobierno», precisó. Y añadió: «Esto no puede ser una guerra política y todos debemos colaborar en la misma dirección». El plazo para alegar termina este mes. Enrique Mallón, portavoz de Asime, agradeció públicamente el apoyo dado y recordó que el sector «necesita una reformulación, porque ya perdió más de cinco mil trabajadores en los últimos años y solo en el área de Vigo peligran 4.500 puestos de trabajo».