Sáenz ha sido condenado por dos delitos ya que cuando era presidente de Banesto, en 1994, tuvo conocimiento y dio su beneplácito para que el banco presentase una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios pese a que sabía que eran inocentes. Con esta estrategia, la entidad quería recuperar una deuda de 3,8 millones de euros que los empresarios habían contraído con el banco. Los querellados eran accionistas minoritarios de la sociedad Harry Walker, que en aquella época se encontraba en suspensión de pagos.
Banesto, con la aquiescencia de Sáenz, encargó la querella al abogado Rafael Jiménez de Parga. En el escrito se afirmó falsamente ?según la Audiencia Provincial de Barcelona? que los industriales querellados (Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre) respaldaron el crédito con su patrimonio y que desviaron fondos de la sociedad al extranjero. El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas cautelares de prisión para tres de los empresarios. Posteriormente acordó el embargo de sus bienes, 4,5 millones.
En enero de 1995 el Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona exoneró a los empresarios y en julio de 1996 el Supremo expulsó de la carrera al juez Estevill, quien admitió haber prevaricado. Comenzó entonces una ofensiva judicial de los industriales, que se querellaron contra Sáenz, el abogado Jiménez de Parga y el responsable de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama.