Proveedores y empresas gallegas denuncian su asfixia económica a causa de la demora de las Administraciones en el pago de las facturas
25 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.En España, el 90% de las empresas reciben sus pagos con retraso, lo que se traduce en dificultades financieras, según un estudio realizado por Intrum Justitia, la principal empresa europea de servicios de gestión de crédito. Las Administraciones públicas españolas son, después de Grecia, las que tienen plazos de pago más largos en Europa. Lo que en época de crisis se convierte en una trampa mortal para sus proveedores. Si pagaran sus facturas a tiempo, los expertos calculan que equivaldría a una inyección económica de 9.300 millones.
La situación no es diferente en Galicia, donde Xunta, diputaciones y concellos también dilatan sus pagos.
MARIO COTO
«Moitas veces non temos máis remedio que ir ao xulgado para poder cobrar»
El constructor ribadense Mario Coto se vio obligado a recurrir a los tribunales para cobrar una deuda de un millón de euros de obras ejecutadas durante el anterior mandato en el Ayuntamiento de Mondoñedo. El juzgado le dio la razón y comunicó al alcalde actual, Orlando González (BNG), que sería multado en el caso de que no pagase. Coto accedió a negociar un plan. «O que non pode ser é que un concello desvíe cartos que recibe doutras Administracións para pagar unha obra a pagar outras cousas», señala.
Coto reconoce que hay ayuntamientos para los que su empresa no trabaja: «Polo endebedamento que teñen, non compensa. Os construtores temos fama de gañar moitos cartos, pero non se sabe que pasamos por situacións moi difíciles e que temos que defender moitos postos de traballo. Ás veces pagamos con apuros, pero de aí a que teñamos que ir sempre aos tribunais... É duro ter que ir ao xulgado para cobrar as facturas...».
«Accedín a negociar unha vez máis, despois de máis de seis anos sen cobrar a débeda, para que o alcalde non fose multado. A él chegoulle este asunto herdado, pero eu tiven que ir ao xulgado, pedir intereses de demora, complicarme a vida para cobrar, porque as obras deberían ser pagadas cada vez que se certifican e reciben. Aínda que o xuíz recoñeza que tes dereito aos intereses de demora, ¿que máis da? Ir ao xulgado non lle interesa a ninguén», concluye.
RICARDO MIRÓN
«Estamos pendientes de cobrar cerca de 850.000 euros del Concello de Pontevedra»
La constructora Casas Novas reclama al Concello de Pontevedra más de 850.000 euros por obras en la ciudad, algunas ejecutadas hace más de cinco años. El propietario, Ricardo Mirón, no descarta tomar medidas legales si no cobra los trabajos realizados. «La situación iba a estar solucionada a finales de febrero y seguimos esperando por 850.000 euros», explica Mirón, que en noviembre se vio obligado a recurrir al concurso de acreedores ahogado por la deuda de la constructora. «Llevan estudiando la deuda tanto tiempo que creo que es una estrategia dilatoria», indica.
JOSÉ ARAÚJO
«Coa Diputación estiven ano e medio sen cobrar, cheguei ata esquecer case facelo»
Lo del titular de Construcciones Araújo raya la amnesia, a fuerza de estar año y medio a palo seco. «Coa Diputación de Ourense estiven ano e medio sen cobrar, realmente cheguei ata esquecer facelo», comenta con ironía José Araújo, que ya no trabaja con las Administraciones por las habituales dilaciones en los pagos. «Cos concellos hai tempo que non traballo e coa Xunta fíxeno unha vez, co bipartito, e quedei perplexo, porque cobrei aos quince días», sostiene este constructor, que trabaja con cuatro empleados, y al que las Administraciones llegaron a deberle 30 millones de pesetas.
CARLOS COSSINI
«El alcalde me dijo que tenía una prima arquitecta y que yo no iba a seguir pero que me abonarían los 3.419 euros»
Carlos Cossini, arquitecto de origen argentino, ex asesor técnico del Ayuntamiento de Calvos de Randín, es un ejemplo de lo que puede suponer cobrar de la Administración por prestación de servicios, máxime cuando se entrecruzan historias familiares y electorales. «Estuve de asesor técnico en Calvos desde mayo de 1992 hasta el 2005. Estaba con el alcalde, por un contrato que tenía a través del Colegio de Arquitectos, hasta que un día me fui de vacaciones y me llamó y me dijo que tenía una prima arquitecta, pero que no me preocupara que me abonarían lo que se me debía», relata Cossini, registrado como autónomo, quien a día de hoy espera todavía que le paguen «3.419 euros que, descontando el IVA, se quedan en 2.977,25», puntualiza. «Después de esto el alcalde perdió las elecciones, sigo reclamando y me dicen que me van a pagar, pero el caso es cuándo», observa Cossini. «Yo reclamaba que me pagasen y me decían siempre que no tenían dinero y me dejaban para después», comenta, con frustración.