Las eólicas no podrán calcular sus primas para el concurso gallego

La Voz

ECONOMÍA

El sorpresivo anuncio del pacto de Estado para reordenar la economía del sector eléctrico tiene como derivada directa en Galicia la paralización de las nuevas primas a la energías renovables. El sector eólico, en pleno proceso de elaboración de proyectos para el concurso gallego (el plazo para presentarlos culmina el 19 de julio) tendrá muy difícil el cálculo exacto de su negocio.

Fuentes del sector admitían ayer que este «factor esencial» impedirá una «mayor concreción» en las propuestas y, sobre todo, dificultará el acceso a la financiación, ya de por sí complejo con la restricción actual del crédito. «Los bancos no verán claro el escenario y no aportarán dinero», resumía un empresario eólico.

Ayer se filtró también la propuesta definitiva que el Ministerio de Industria guardaba bajo llave, tras pactarla con las distintas organizaciones empresariales del sector, para establecer las nuevas primas.

Por un lado, Miguel Sebastián pretendía retribuir a las instalaciones del régimen especial (susceptibles de cobrar primas) mediante una tarifa regulada, es decir, un precio político que no atendería a la casación entre la oferta y la demanda. Este método, según Industria, supondría tasas de retorno de la inversión (TIR) de entre el 7% y el 8% para las empresas. A cambio, el ahorro en primas pretendía sumar 2.600 millones de euros. De ellos, 1.050 saldrían del recorte de las ayudas a las plantas termosolares; 1.080 a las instalaciones fotovoltaicas; y 470 millones a los parques eólicos (la previsión del sector pasaba por un recorte próximo a los 200 millones de euros).

La intención era que estas nuevas reglas de juego afectasen a todos los negocios en marcha a partir del 1 de enero del 2012, con lo que incidirían directamente en los nuevos parques eólicos gallegos.

Incertidumbre

La decisión de ayer deja sin efecto este sistema de primas a las energías renovables y sume al sector eólico en una incertidumbre difícil de resolver antes de que las empresas se vean obligadas a presentar sus ofertas al concurso de la Xunta.