La orden judicial cierra siete años de litigio y culmina la recuperación del inmueble que, desde 1938, estuvo en manos de la familia Franco
29 jul 2026 . Actualizado a las 19:53 h.El largo proceso judicial por la titularidad del pazo de Meirás entra en su fase definitiva. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado al Registro de la Propiedad de Betanzos que inscriba la finca a nombre del Estado y cancele las inscripciones registrales incompatibles con esa titularidad, dando así cumplimiento a la sentencia que declaró que el inmueble pertenece al patrimonio público. La resolución, fechada el 28 de julio y comunicada este miércoles a las partes, supone el último trámite procesal de un procedimiento iniciado en el 2019 por la Abogacía del Estado, con la adhesión de la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
El mandamiento judicial pide al registrador que proceda a inscribir a favor del Estado Español de la finca «conocida como pazo y torres de Meirás», integrada por la agrupación física de quince fincas registrales del municipio de Sada, incluyendo todas las edificaciones existentes. Asimismo, dispone «la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias del dominio que se declara sobre las mencionadas fincas».
El último trámite para cerrar el litigio
La resolución judicial supone el último paso procesal para completar la recuperación del pazo de Meirás por parte del Estado. Aunque la titularidad del inmueble quedó definitivamente resuelta tras agotarse todos los recursos judiciales, el mandamiento era necesario para adaptar la situación registral al contenido de la sentencia firme. La orden remitida al Registro de la Propiedad no modifica el fondo del asunto, ya resuelto por los tribunales, sino que ejecuta materialmente el fallo judicial. Así, finalmente la finca quedará inscrita a nombre del Estado y desaparecerán las anotaciones contradictorias que todavía figuraban a favor de los herederos de Francisco Franco.
El mandamiento judicial llega apenas tres semanas después de que la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denunciase públicamente que el pazo de Meirás seguía figurando en el Registro de la Propiedad a nombre de los Franco, pese a que el Tribunal Supremo había confirmado en marzo la titularidad estatal del inmueble. La entidad sostenía, basándose en una nota simple registral, que todavía no se habían cancelado los asientos contradictorios ni inscrito la finca a nombre del Estado, tal y como ordenaban las sucesivas sentencias. Además, criticaba la «pasividad e inacción do Estado» en la ejecución del fallo y reclamaba que se completase cuanto antes el trámite registral, un paso que ahora ha ordenado formalmente el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.
Siete años de batalla judicial
El procedimiento se inició en julio del 2019, cuando la Abogacía del Estado presentó una demanda para reclamar la titularidad del pazo de Meirás. A la acción judicial se adhirieron la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de A Coruña y Sada. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó íntegramente la demanda en septiembre del 2020 y declaró que el inmueble pertenecía al Estado. La Audiencia Provincial confirmó posteriormente esa decisión y rechazó los recursos interpuestos por la familia Franco.
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo puso fin definitivamente al litigio al desestimar por unanimidad los recursos presentados por los herederos del dictador. La Sala Primera concluyó que el pazo de Meirás estuvo destinado desde 1938 al servicio de la Jefatura del Estado y que los Franco no podían adquirir su propiedad por usucapión, al no haberse cumplido los requisitos exigidos por la legislación civil. Con el mandamiento remitido ahora al Registro de la Propiedad de Betanzos, el proceso judicial entra en su fase final y culmina un litigio que se ha prolongado durante siete años.
Un símbolo de la memoria histórica
Construido a finales del siglo XIX por iniciativa de la escritora Emilia Pardo Bazán, el pazo de Meirás fue entregado a Francisco Franco durante la Guerra Civil mediante una suscripción promovida por las autoridades franquistas. Desde 1938 funcionó como residencia oficial de verano de la Jefatura del Estado y, tras la muerte del dictador, permaneció en manos de la familia Franco como residencia privada.
La sentencia dictada en el 2020 supuso un ante y un después en la recuperación del patrimonio público vinculado al franquismo y abrió una nueva etapa en torno a la gestión del inmueble y de los bienes muebles existentes en su interior.
Referencia de la «dignidade democrática»
Por su parte, el Ayuntamiento de Sada celebró este miércoles la orden judicial subrayando que este trámite supone «a culminación dunha conquista histórica da cidadanía». El consistorio recuerda que, una vez resuelta la titularidad tanto en el ámbito judicial como en el registral, es el momento de impulsar una nueva etapa centrada en la apertura estable del inmueble y en la definición de sus usos. Por ello, vuelve a reclamar al Estado que active el protocolo de colaboración entre Administraciones para garantizar la conservación del conjunto y su puesta al servicio de la ciudadanía.
El Ayuntamiento defiende que el pazo de Meirás se convierta en un espacio de memoria democrática que explique «con rigor o espolio do pazo, a represión da ditadura e a loita cidadá pola recuperación do patrimonio público», al tiempo que preserve y divulgue el legado de Emilia Pardo Bazán. El alcalde, Benito Portela, sostiene que el municipio debe tener un papel activo en la futura gestión del inmueble y afirma que «o reto que temos agora por diante é conseguir que esta vitoria xudicial e democrática se traduza nun Pazo plenamente público, aberto e digno da súa historia», para que Meirás se convierta en «unha referencia mundial da dignidade democrática».