Gobierno, patronales y sindicatos estudian en el diálogo social cambiar los contratos de formación, prácticas y fomento.
11 mar 2010 . Actualizado a las 19:59 h.Los jóvenes con una tasa de paro del 40% y el empleo temporal que afecta a tres de cada 10 ocupados centran la reforma laboral. Descartada la creación de un nuevo contrato para luchar contra la crisis, la negociación se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas. Las reuniones se celebran con suma cautela y lo más alejadas posible de los medios de comunicación. Los interlocutores -Gobierno, patronales y sindicatos- aseguran que el acuerdo es posible. El Ejecutivo ha puesto como fecha tope para el entendimiento el 30 de abril. «A partir de entonces, si la confrontación persiste, actuaremos», mantienen miembros del Gabinete.
La mesa de negociación busca pues acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esos contratos para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido, medida que se aplicó durante el segundo semestre de 2006 con resultados muy positivos. El contrato de fomento del empleo, de carácter estable, creado por consenso en 1997, se enganchara a esos beneficios. A la vez se universalizara su aplicación. Hasta el momento está prohibido para los varones mayores de 30 años de edad y menores de 45. Su principal ventaja es que conlleva un despido improcedente más barato que el indefinido ordinario. El coste es de 33 días por año de antigüedad, con un máximo de 24 mensualidades.
Las patronales CEOE y CEPYME, además de obtener beneficios por la transformación de colocaciones eventuales en fijas, verán cómo sale adelante la regulación de las agencias privadas de recolocación con ánimo de lucro, que pondrá fin a la intermediación gratuita, desarrollada por los Servicios Públicos de Empleo (oficinas del antiguo INEM); y con mayor presencia de las empresas de trabajo temporal, cuya actuación no está permitida en las administraciones publicas y ni en la construcción. Ambas cuestiones son antiguas demandas empresariales que por fin van a ver la luz si el actual proceso de diálogo social concluye con acuerdo.
Jóvenes
Para sacar del pozo laboral en el que se encuentran a alrededor de 600.000 jóvenes con nivel educativo bajo, procedentes del fracaso escolar, los interlocutores modificarán el contrato de formación. Fuentes próximas a la negociación explicaron que se trata de un colectivo tan grande que no hay capacidad para el reciclaje. «Urge la inserción», señalaron. Este contrato exige, como su nombre indica, formación por parte de la empresa, y Gobierno, patronales y sindicatos están dispuestos a que la enseñanza profesional corra a cargo del sistema público de empleo en los centros de trabajo con plantillas inferiores a 10 personas. Otros cambios consistirán en ampliar el límite de edad para su utilización más allá de los 21 años y dotarlo de protección de paro. El contrato de prácticas, también destinado a los jóvenes pero con título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, experimentará un mayor control. CC OO y UGT denuncian que aunque su misión es precisamente la de aprender a través de la realización de prácticas, se usa para el desarrollo de trabajos normales. El Gobierno ofrece una mayor vigilancia en las empresas para que su objetivo se cumpla, medida que los sindicatos ven con desconfianza puesto que los recursos de la Inspección son muy limitados e insuficientes para evitar las múltiples irregularidades, incluso ilegalidades, que padece el mercado laboral.
Sobre la mesa de negociación también hay modelos y experiencias de otros países europeos que funcionan y han ayudado a frenar el avance del paro. Sin embargo, el Ejecutivo, CEOE, CEPYME, CC OO y UGT solo los estudian a modo de reflexión porque «en época de crisis no se pueden aplicar formulas demasiado novedosas, sin correr cierto riesgo», argumentan algunos de los interlocutores.