Cataluña propone complementar los 420 euros hasta el salario mínimo a cambio de que los parados trabajen
ECONOMÍA
La conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que ayer se celebró en Madrid para informar a las autonomías sobre la nueva prestación de 420 euros creada por el Ejecutivo, cosechó opiniones polarizadas. Mientras que para las comunidades del PP la medida es «improvisada» y la sectorial carecía de sentido, al no haberse reunido aún el Gobierno con los sindicatos para evaluar la aplicación retroactiva de la ayuda, las gobernadas por el PSOE respaldaron la prestación, que la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, calificó de «deseada, valorada y necesaria».
Del encuentro -meramente informativo- no salieron grandes novedades sobre los polémicos 420 euros, aunque la consejera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Mar Serna, planteó la posibilidad de que las comunidades complementaran la cuantía fijada por el Ejecutivo hasta el salario mínimo interprofesional, que para este año está fijado en 624 euros, y que se les permitiera a los desempleados que pudieran trabajar a través de convenios de colaboración social con organismos públicos.
Como las «escuelas-taller»
Idéntica propuesta la formuló el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, que asistió como invitado a la convocatoria. Según explicó, esta alternativa les permitiría a los beneficiarios recibir 620 euros, además de cotizar a la Seguridad Social, participando en programas de formación y empleo «parecidos a las escuelas-taller», con los que Castro entiende que se podría reubicar a los parados. «Porque entre 800.000 y un millón de trabajadores no van a poder volver a la construcción, hay que redirigirlos», señaló.
La secretaria general, Maravillas Rojo, matizó la propuesta de Cataluña -coincidente con la de la FEMP- explicando que lo que la consejera planteó era incorporar los convenios de colaboración social, «que existen desde hace treinta años», dentro de los itinerarios de inserción de la comunidad. Esto daría la posibilidad de «percibir la prestación, que además se complementa, y trabajar con organismos públicos, lo que solo se puede hacer con convenios de trabajo de colaboración social».
Las críticas más ácidas llegaron desde la comunidad de Madrid, pues la consejera del ramo, Paloma Adrada, cargó contra el Ejecutivo por usar a las comunidades autónomas como «meras gestorías».
La sectorial, presidida por el ministro Corbacho, se prolongó por espacio de casi cuatro horas, y reunió a consejeros y consejeras, aunque por parte de la Xunta fue la directora general de Formación, Ana Díaz, quien acudió al encuentro.