Patronal, políticos, sindicatos y Banco de España se enfrentan ante la posibilidad de hacer recortes

N.?B.

ECONOMÍA

21 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Que la economía española no da alegrías lo confirman unas cifras en las que el mercado laboral está marcado con el rojo de la alerta. La destrucción de empleo o, más concretamente, cómo frenarla y volver a crearlo, es el tema principal del debate político, de la mesa de diálogo social y, hace tan solo unos días, incluso de las intervenciones del gobernador del Banco de España.

Nadie ha dejado pasar la oportunidad de defender en voz alta su particular catálogo de «soluciones» para esta crisis laboral. Los primeros en abrir fuego fueron los representantes de la patronal, que abogaron por enésima vez por abaratar el despido. La reacción del Ejecutivo fue clara: Zapatero se negó a considerar tal posibilidad, comprometiéndose a mantener e incluso mejorar las prestaciones por desempleo.

Contención salarial

Pero incluso dentro de sus filas hubo voces disonantes. Tal fue el caso del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dio una nueva vuelta de tuerca a su discurso de contención salarial para pasar directamente a urgir la necesidad de una reforma laboral que abaratase el despido y redujese las prestaciones, por entender que la combinación de ambos factores «desincentivaba» la búsqueda de empleo y entorpecía la contratación. De nuevo el Gobierno en pleno, abanderado por el presidente, rechazaron tal reclamación, que levantó las iras de los representantes sindicales.

Esta semana fue el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien volvió a la carga pidiendo que los expedientes de regulación de empleo no precisaran autorización de la Administración. Incluso el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, que reiteradamente reclama en el Congreso la necesidad de una reforma laboral, se desmarcó de la patronal negando que fuese bueno abaratar el despido ahora.

La Fundación Ideas sostiene que «debe ser una reforma que no rebaje las prestaciones sociales ni los derechos de los trabajadores». Habrá que ver de qué modo cristaliza en medidas concretas su declaración de buenos propósitos.