La empresa ha cumplido su promesa y no ha despedido a los dos miembros de los matrimonios en plantilla. Es más, incluso ha tanteado a los afectados para conocer sus preferencias. Al final, dos mujeres han optado por el sacrificio para que sus cónyuges sigan en Martinsa, mientras que en otro caso es el hombre el que ha escogido el paro. Una de estas personas pertenece al departamento que acusa más la regulación: el de los delineantes.
«La mayoría de los despedidos está casado, con hijos o tiene hipoteca, lo que cualquiera puede suponer», apunta un representante de los trabajadores que negoció las condiciones de un expediente de regulación que no será definitivo hasta que lo estime el juez que lleva el proceso concursal, Pablo González-Carreró Fojón, que se encargó, entre otras, de la quiebra de Unicén.
El centro coruñés es el más afectado de España, ya que concentra 73 de los 234 despidos y fue el primero en respaldar el acuerdo, que prevé la indemnización de 36 días por año trabajado, con un máximo de 20 mensualidades, además de un plan de viabilidad para los trabajadores que sigan en la compañía. El juzgado coruñés que dirimirá la suspensión de pagos recibió esta semana el acuerdo entre los trabajadores y la empresa, que, probablemente se resolverá en septiembre. En los próximos días, el tribunal, cuyo titular regresa en septiembre de vacaciones, tendrá que remitirlo a la autoridad laboral correspondiente, que dispondrá de quince días para hacer el informe.
Una vez que el administrador dé el visto bueno, el juez resolverá con premura en no más de cinco días, siempre que no aprecie «fraude, coacción o abuso de derecho», como dice la ley, en cuyo caso, al igual que si las partes no alcanzan un convenio, el magistrado decidirá de acuerdo con la legislación laboral. Tanto si vale el acuerdo ya pactado, como si el magistrado opta por anularlo, los afectados podrán recurrirlo de forma individual.