La patronal de los Fabricantes e Importadores de Calefacción por Acumulación Eléctrica (Ficae), y la Unión de Consumidores de España (UCE), confirmaron ayer que pedirán al nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, la suspensión cautelar de todos los cambios previstos en la tarifa eléctrica nocturna, tras conocer el duro informe emitido por la asesoría jurídica de la Comisión Nacional de la Energía.
Tal y como está diseñado por el Gobierno, la tarifa nocturna desaparecerá formalmente el 1 de julio, para ser reemplazada por otra de discriminación horaria. Pero la filtración, el pasado martes, del informe interno de la Comisión Nacional de la Energía, un documento que todavía no ha aprobado el consejo de administración del regulador eléctrico, ha revolucionado las protestas en toda España.
Las organizaciones que han encabezado las protestas exigen ahora un pronunciamiento expreso del actual responsable de la cartera de Industria. Y alegan que la cuenta atrás «ha comenzado», porque a la actual tarifa nocturna «le queda tan solo mes y medio de vida».
En su informe sobre el asunto, la CNE advierte a cerca de posibles y graves irregularidades en esta nueva modalidad tarifaria. El documento explicita que hay elementos que podrían resultar anticonstitucionales, porque rozan la vulneración de principios como el de seguridad jurídica o confianza legítima.
Y la Comisión Nacional de la Energía no es el único problema con el que deberá enfrentarse el Ministerio de Industria a la hora de tomar decisiones sobre la tarifa nocturna.
Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha solicitado información a la Secretaría General de Energía sobre el proceso administrativo que sirvió para desarrollar los cambios. Tanto Ficae como la UCE pedirán ahora a la oficina de Múgica que incorpore en su documentación el polémico informe jurídico de la Comisión Nacional de la Energía. El Defensor deberá definir en el plazo de un mes si actúa formalmente en contra del Gobierno o archiva la queja tras contestar a las organizaciones que la han formulado.
El polémico informe de la CNE, entregado el pasado día 21 de abril, hace referencia a los últimos cálculos realizados tanto por el Ministerio de Economía como por el de Consumo sobre el incremento de coste que supondrá el sistema de discriminación horaria respecto a la todavía vigente tarifa nocturna. La conclusión es todavía peor que los estudios publicados por las organizaciones de consumo españolas. De acuerdo con las cuentas del Gobierno central, el encarecimiento de los recibos de la luz con la fórmula de la discriminación horaria será en los mejores supuestos del 22% y, en los peores, de hasta el 77% (para los clientes con más de 15 kilovatios contratados).
Hasta ahora, los estudios que se habían publicado desde la patronal de los fabricantes de acumuladores y desde la Organización de Consumidores y Usuarios daban como máximo subidas en los recibos de hasta el 49%.
Este encarecimiento fue uno de los puntos más polémicos de la desaparición de la tarifa nocturna. Pero no el único. Cuando nació, el sistema fue potenciado por el propio Gobierno e incluso incentivado desde las operadoras eléctricas para fomentar un consumo más responsable y aliviar posibles colapsos en las horas más conflictivas del día. A cambio de esta variación en los hábitos de consumo, Industria accedía a bonificar las horas nocturnas (período valle) con descuentos sobre la tarifa normal, incluyendo también una penalización leve por el consumo durante el día.
El encarecimiento
El nuevo sistema de discriminación horaria aumenta las horas valle y reduce las horas punta, pero bonifica menos el consumo de las primeras y penaliza el período diurno un 32% más que ahora.
Las organizaciones de consumidores desataron una batalla contra los precios de la nueva tarifa de discriminación horaria. En realidad, la bondad o maldad de esta fórmula suscitó una gran controversia. Algunos instaladores sostienen que unos hábitos responsables de consumo y los cambios necesarios en los equipos caseros de acumulación de calor no deberían ocasionar subidas en los recibos mayores del 5%.
Estas modificaciones en los equipos suponen para cada uno de los 1,1 millones de usuarios que disponen de la tarifa nocturna una inversión media de 300 euros.