El Parlamento gallego aprueba con la oposición del PP la ley que regulará la alegalidad de algunas explotaciones mineras
ECONOMÍA
El Parlamento gallego aprobó ayer la Lei da Minaría de Galicia, primera en su género en toda España, que intentará poner orden en un sector que genera casi 20.000 empleos y ingresa 450 millones de euros en exportaciones. La nueva normativa permitirá resolver la situación de alegalidad en la que operan en torno a 300 explotaciones mineras, regula la creación del Consello da Minería y del Instituto Xeolóxico de Galicia, así como la figura de los municipios con alta dependencia de esta actividad.
El grupo popular votó en contra de la ley tras recalcar su portavoz de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, que el texto sufre de «trastorno bipolar», pues por un lado «demoniza e prohíbe» la actividad minera, mientras que por el otro la califica de «estratéxica».
No obstante, el conselleiro de Innovación, el nacionalista Fernando Blanco, tomó brevemente la palabra para defender la que es la primera ley de minería promovida por una comunidad autónoma y la única impulsada en el conjunto de España durante la democracia, pues la última data de 1973. Blanco sostuvo que la normativa es «imprescindible» para adecuar las canteras gallegas «as nosas necesidades e ao século XXI», tanto a nivel medioambiental como técnico. De igual modo, destacó que la normativa es «froito do consenso xeralizado», del que se ha desmarcado el PPdeG y, entre las novedades que incluye, citó la convocatoria de concursos públicos para la concesión de nuevos derechos de explotación.
Relacións Laborais
Por otra parte, el pleno de la Cámara también le dio ayer luz verde a la ley de modificación del Consello Galego de Relacións Laborais que, en palabras del conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, reforzará la «autonomía e capacidade» de un órgano básico para impulsar el diálogo social o la negociación colectiva en el ámbito laboral.
Varela también remarcó que con esta reforma el Consello de Relacións Laborais alcanza su «maioría de idade», puesto que ya no necesitará a la Administración autonómica para su tutela, sino tan solo para las labores de coordinación.
No obstante, el grupo del PP, a través de la diputada coruñesa Beatriz Mato, atacó con dureza la posibilidad de que el Consello se desligue plenamente del Ejecutivo gallego, pues hasta el último momento defendió la participación de la Xunta en el órgano como garantía de «eficiencia». No obstante, la oposición optó finalmente por deponer su actitud y permitir un acuerdo unánime.