En su programa electoral de los comicios generales de marzo, el PSOE ya prometió potenciar el papel de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a la hora de revisar la tributación medioambiental. El objetivo de todos los cambios, cuyo primer paso ha sido la modificación del impuesto de matriculación, de forma que su cuantía dependa del grado de emisiones contaminantes de cada vehículo, es «estimular los comportamientos sostenibles» y, al mismo tiempo, tomar en consideración criterios económicos y de competitividad.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, ya anunció que ampliará el margen fiscal autonómico. Y el conselleiro de Facenda, José Ramón Fernández Antonio, quiere aprovechar esta nueva herramienta para mejorar los índices de suficiencia financiera de Galicia. La idea es completar la fiscalidad actual con figuras adaptadas a los nuevos compromisos políticos de desarrollo sostenible, tanto nacionales como internacionales.
El actual secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, también manifestó a principios de año en curso, al hablar sobre la inminente reforma del modelo de financiación autonómica, que los impuestos «pueden y deben servir para potenciar la protección medioambiental, la prevención del cambio climático, el control de emisiones contaminantes o la promoción de las energías renovables».