La reforma de la «fiscalidad verde» afectará a 600.000 contribuyentes y moverá 700 millones
28 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Tributos, prepara una reforma «en profundidad» del impuesto de contaminación atmosférica (ICA), que será abordada tras el cierre del nuevo modelo de financiación autonómica. Los cambios, que no dará tiempo a aplicar antes del final de la presente legislatura, ampliarán el hecho impositivo a nuevos supuestos para que instalaciones que ahora no están obligadas a tributar lo hagan, siempre bajo el mismo principio: el que contamina, paga. Además, limitarán en el tiempo la corrección de las emisiones a la atmósfera y penalizarán de forma más severa a las empresas que no reduzcan su contaminación.
No será la única novedad relacionada con los denominados tributos ecológicos . El conselleiro de Economía e Facenda, José Ramón Fernández Antonio, explicó que el Ejecutivo gallego aprovechará otras atribuciones que el Estado cederá a las comunidades en materia de fiscalidad relacionada con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Antes de las próximas elecciones gallegas entrará en vigor, tal y como está anunciado, el canon hidroeléctrico, que gravará la producción de electricidad en los embalses y cuyo borrador está siendo ultimado. Esta figura fiscal persigue compensaciones económicas por el impacto de los grandes pantanos en el territorio gallego. La comunidad cuenta con 23 embalses hidráulicos controlados por Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa. El impuesto se aplicará en proporción al caudal de agua utilizado para la producción de electricidad.
El siguiente en modificarse, y no el último, será el impuesto de contaminación atmosférica, que Galicia legisló en 1995. «Precisa adaptaciones y correcciones para su adecuación a los tiempos actuales», explicó el conselleiro de Economía.
El pasado año, este tributo recaudó 21 millones de euros (casi 3.500 millones de pesetas). Y en los Presupuestos del 2008 la previsión de caja apenas alcanza los 18 millones (3.000 millones de pesetas). El impuesto fue diseñado para castigar a las empresas por sus emisiones tóxicas y obligarlas a corregir sus mecanismos de control sobre estos agentes contaminantes. En teoría, la recaudación tendría que ser alta durante los primeros años e ir cayendo a medida que el impuesto fuese resultando eficaz.
Pero en la práctica su recaudación permanece estancada desde hace años en el entorno de los 20 millones de euros. Ahora, la Xunta pretende establecer plazos para que las empresas solucionen sus problemas de emisiones o aumentar de manera sensible su tributación.
En Galicia, el ICA grava las emisiones a la atmósfera de los dióxidos de azufre y nitrógeno, o de cualquier otro compuesto oxigenado de las mismas sustancias. Por ley, los ingresos provinientes del impuesto, una vez deducidos los costes de gestión, se destinan a financiar las actuaciones en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos naturales dentro de Galicia. Un 5% de los ingresos obtenidos dotan un fondo de reserva para atender daños extraordinarios y situaciones de emergencia provocadas por catástrofes medioambientales, hasta alcanzar los seis millones de euros (en números redondos, 1.000 millones de pesetas).
Revolcón a la fiscalidad verde
Aunque el ICA será una prioridad para la Xunta, en realidad el conselleiro de Economía e Facenda tiene en mente una profunda reforma fiscal verde que implica la reestructuración de algunos impuestos y la introducción de otros nuevos. Los cambios podrían afectar a más de 600.000 contribuyentes gallegos y modificar la recaudación en casi 700 millones de euros, aunque las reformas legales precisas para aplicar estos cambios los dilatarán sustancialmente en el tiempo.
La primera gran variación se aplicó este año e incidió en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que recaudará 165 millones de euros y que, a partir del 2009, dejará fuera de tributación al 90% de la población. El Gobierno central ya ha anunciado la desaparición del impuesto de patrimonio, que en Galicia aporta otros 65 millones. Los impuestos ecológicos serán los sustitutos naturales de estos tributos en decadencia.
Así, al canon hidroeléctrico se unirían próximas modificaciones del impuesto sobre el uso de los hidrocarburos, el canon de saneamiento y el citado impuesto de contaminación atmosférica. La Xunta también ha apuntalado su participación en el nuevo negocio eólico gallego con al menos un 10% de los nuevos parques. E incluso se estudió algún tipo de gravamen para las grandes urbanizaciones emplazadas fuera de los cascos urbanos.