De los 13.063 millones de euros recaudados por la hacienda pública en Galicia, la comunidad autónoma acabó recibiendo y gestionando 4.068 millones, equivalentes a 1.467 euros por cada gallego, algo más de un tercio de lo que cada ciudadano pagó en impuestos.
Para corregir el desfase entre la aportación fiscal gallega y las necesidades reales de la autonomía, el Estado completó sus inyecciones con transferencias de capital, el fondo de suficiencia y el de cooperación territorial, además de con las aportaciones de la seguridad social.
En total, a los 4.068 millones de la caja tributaria se sumaron cerca de 6.000 aportados por el Estado y cerca de 1.000 millones más llegados desde Bruselas.
El nuevo modelo de financiación autonómica, que no se discutió la pasada legislatura, por miedo a enturbiar las reformas estatutarias de algunas de las principales comunidades autónomas, deberá afrontarse ahora con el telón de fondo de la crisis económica. Y el mal momento de algunos sectores claves, como la construcción, que soporta en España cerca de un 14% del producto interior bruto, recortará sustancialmente tributos como el de transmisiones patrimoniales, para el que se aventuran caídas próximas al 30% en los territorios más afectados.