Las acusaciones que representan a los afectados por el presunto fraude de Gescartera reclamaron ayer al tribunal que enjuicie a quienes conformaban la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 2001, año en que estalló el escándalo, y al entonces número dos del Ministerio de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. Los abogados aprovecharon el comienzo del juicio para pedir a los magistrados que den marcha atrás hasta el 29 de abril del 2005, fecha en que se fijó la lista de los catorce acusados. La juez instructora Teresa de Palacio procesó a los gestores de la sociedad de valores y a dos empleados de La Caixa, pero dejó fuera a los implicados políticos, la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente; el ex vicepresidente, el ex diputado del PP Luis Ramallo; el entonces secretario del consejo del órgano regulador, Antonio Alonso Ureba, y el secretario de Estado de Hacienda, Giménez-Reyna.
El letrado de la organización de consumidores Adicae, Miguel Ángel Roca, explicó que también pretenden que se procese como responsables civiles subsidiarios a los bancos HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, así como a la auditora Deloitte, todas ellas sociedades de las que Gescartera fue cliente.
La primera vista oral del caso Gescartera estuvo dedicada a la petición de pruebas y a la exposición de cuestiones previas. Entre lo más destacado de la sesión, el letrado de Construcciones Rico, una de las sociedades afectadas, reclamó que se cite como testigos a los empleados de Bancaja que hace unos meses concedieron al principal acusado, Antonio Camacho, tres hipotecas por un montante total de 1,18 millones de euros. Todo ello, a una persona que tiene las cuentas intervenidas y que, caso de ser condenado, tendrá que hacer frente a cuantiosas multas.
?Camacho pidió los préstamos para comprarse un chalé en el exclusivo barrio de Bobadilla del Monte (600.000 euros) sobre un piso en la calle Caracas de Madrid (539.000 euros) y una plaza de garaje (48.805 euros) en el mismo inmueble, donde el dueño de Gescartera ha montado una asesoría fiscal y financiera. A juicio del letrado, la entidad financiera aprobó las hipotecas porque «detrás tiene que haber garantías internas o fiduciarias» que, caso de aflorar, habrán de ser tenidas en cuenta si el acusado debe hacer frente a las sanciones económicas reclamadas.
?Más CNMV
?Por su parte, la defensa de Camacho y de su mujer, Laura García Morey, pidió que se llame a declarar como testigo a Juan Fernández Armesto, el antecesor de Valiente al frente de la CNMV, y a Ramiro Martínez del Valle, director de supervisión del órgano regulador.
?El organismo, según mantuvo, era «consciente del déficit patrimonial de Gescartera» desde que la inspeccionó en los ejercicios 1993 y 1994.
?El representante de Caja Madrid, que junto a La Caixa han sido declarados como posibles responsables civiles subsidiarios y que podrían tener que hacer frente al pago de las multas, pidió la nulidad de las actuaciones. Carlos Aguilar recordó que no hay acusado ningún empleado de la entidad financiera, al contrario que en el caso de la caja catalana. Argumentó, además, que no se ha determinado ni en que sucursal se cometió el delito ni en qué cuantía. «Se nos nombró responsables civiles subsidiarios dos semanas después de que el Estado quedase exonerado», terminó por insinuar.