El Consejo Superior de Deportes (CSD) desea aclarar la propiedad de las acciones del Betis, en especial, las que asegura poseer el consejero delegado del club (y teórico máximo accionista), Manuel Ruiz de Lopera. En pleno proceso de venta del club a la sociedad Betis Sport, el CSD desea arrojar luz sobre una operación y un club en entredicho.
Manuel Ruiz de Lopera se encuentra en dos investigaciones paralelas de las que ha tenido conocimiento la justicia. Por un lado, un delito societario por presuntas irregularidades en los negocios entre las empresas de Lopera y el Betis. Esta denuncia, interpuesta por el grupo opositor Béticos por el Villamarín, está pendiente de resolución. En plena instrucción del caso, los juzgados recibieron dos paquetes de documentación que los accionistas disconformes con Lopera desearon añadir a la investigación. Por un lado, la impugnación de la última asamblea general del club verdiblanco. Por el otro, la solicitud del libro de registro de accionistas de la entidad, denegada por el club a los socios hasta el momento.
Por esto, el otro grupo opositor a Lopera, Por Nuestro Betis, reclamó al CSD que investigue la titularidad de las acciones que dice tener el consejero delegado. Lopera asegura que posee en total el 54,54 por ciento de las acciones del Betis repartido de la siguiente manera: un 2,54 por ciento a título personal, y el otro 52 por ciento bajo la tutela de la empresa Farusa (propiedad de Lopera).
Es sobre este último porcentaje sobre el que recaen las dudas de los socios denunciantes y las investigaciones del CSD. Manuel Ruiz de Lopera (que se autodenomina accionista mayoritario) ha podido acreditar el 48,95 % de los títulos de Farusa, mientras que el otro cuatro por ciento solo asegura tenerlo.
Sin títulos acreditativos
Desde hace más de una década, los accionistas que compraron ese 3,05 por ciento están reclamando los documentos que les acreditan como poseedores de los títulos, pero el club se los ha denegado y la oposición sospecha que incluso Lopera los ha venido utilizando por omisión. Nadie ha podido demostrar que no son de Manuel Ruiz de Lopera, porque nadie tampoco ha podido acreditar con documentos que los posee.
Llegados a este punto, el presunto interés de Betis Sport por la compra del paquete accionarial de Farusa ha despertado la misma atracción en el CSD por varias razones. Por un lado, el hecho de que la empresa compradora esté registrada con un capital social suscrito de tres mil euros y tendrá que desembolsar unos setenta millones de euros para hacerse con el control del Betis. Los socios añaden en este punto su temor por la procedencia del dinero, ya que las acciones están pignoradas para actuar como aval del crédito solicitado por Betis Sport. En el caso de impago, estos títulos irían a parar a manos de la entidad financiera, de la que se desconocen todos los datos.
Por otra parte, la incógnita acerca del cuatro por ciento de las acciones de Farusa, que algunos socios reclaman como suyas y que Lopera ha estado manejando como propias.
Respuesta privada
Desde el club verdiblanco se asegura que se ha dado respuesta documental a la petición de información del CSD, aunque continúa negándose a hacer públicos los datos de la actualización accionarial del Betis.
La investigación por parte del CSD de las acciones del Betis provocada por la negación del club a mostrar el libro de registro de accionistas de la entidad y a facilitar a los socios compradores la documentación acreditativa correspondiente se suma a un viejo proceso por un presunto delito societario. La acusación, a instancias del grupo Béticos por el Villamarín, derivó en una auditoría externa para averiguar la situación económica real del Betis.
Por eso, en el CSD se intenta despejar la duda de hasta qué punto unas acciones que están siendo investigadas pueden modificar su propiedad mediante una venta masiva para que el club cambie de manos.
Descapitalización y abuso
Además, desde finales del pasado mes de julio, dos inspectores de Hacienda investigan las cuentas de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis, bajo la orden de la jueza que investiga el presunto delito societario, lo que sucede después de que la fiscalía acusase al ex presidente de descapitalizar el club y abusar de su cargo.