El juez desestima la «persecución tributaria» que alegaba Paco Casal y sigue su proceso de embargo
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La Justicia uruguaya desestimó la pretensión del polémico empresario futbolístico Paco Casal, en la que alegaba «existencia de persecución tributaria» y se declaró incompetente para intervenir en la demanda que el representante presentó contra la Dirección General Impositiva (la Hacienda charrúa) para determinar el régimen aplicable a la transferencia de jugadores. A comienzos de abril, la Justicia embargó bienes y créditos del Grupo Casal, tras una solicitud cursada por la DGI, por un monto de 25,6 millones de dólares, por el presunto no pago de impuestos de las transferencias de jugadores al exterior.
Los abogados de Casal, que apelarán la decisión, sostuvieron en la demanda que el único gravamen aplicable es el ya derogado Impuesto a la Cesión de Derechos de Deportistas y no el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, como entiende la DGI.
En los últimos seis años, el empresario pagó cinco millones de dólares por concepto de impuestos a la cesión de derechos, cifra correspondiente al cinco por ciento de las transferencias realizadas por Casal durante el pasado sexenio, que ascendieron a 128 millones de euros.
Nacido en Sao Paulo, Casal se radicó desde niño en Montevideo. Jugó en el Atlético Madrid y Racing de Santander; Defensor, Nacional y Fénix de Uruguay, y el Vasco Da Gama de Brasil.
El más rico de Uruguay
A comienzos de la década de los ochenta se convirtió en empresario. Representa a los principales futbolistas charrúas, es titular de la empresa que posee los derechos de televisión del fútbol uruguayo y se autoproclama «el hombre más rico del Uruguay».