La delegación de Hacienda en A Coruña está pendiente de que el Ayuntamiento le envíe la información sobre los titulares de las infraviviendas para proceder a su regularización fiscal. La Agencia Tributaria señaló que en cuanto tenga toda la documentación iniciará las investigaciones oportunas y procederá a lo que corresponda. Así lo han comunicado fuentes de la delegación de Hacienda en A Coruña que acaban de solicitar toda la documentación disponible al gobierno local.
A día de hoy la concejalía de Urbanismo es el único organismo que ha iniciado una investigación sobre los galpones. Los primeros informes de los once expedientes abiertos podrían estar finalizados en los próximos días. Los propietarios de las infraviviendas expedientadas tendrán 15 días para reponer la legalidad de las viviendas o de proceder a su derribo, en caso de que no sea posible legalizar la situación.
El departamento de disciplina urbanística abrió hace casi dos semanas los primeros expedientes a los propietarios de las viviendas presuntamente ilegales en los campus de Elviña y la Zapateira. Aunque la asociación de vecinos de la Zapateira ha pedido que el Ayuntamiento amplíe la investigación a todas las viviendas de la zona que se encuentren en la misma situación, desde el gobierno local han señalado que en principio, a no ser que se presente alguna otra denuncie, los trabajos se centrarán en las once fincas incluidas en el estudio de los alumnos de Arquitectura.
Durante estos días agentes de la Policía Local y técnicos de Urbanismo han estado recopilando toda la información y pruebas relacionadas con la existencia de estos galpones. Los expertos han basado su trabajo en la documentación aportada por la Universidad, en los datos del padrón, el catastro y en las imágenes aéreas de Google Earth. Desde la concejalía de Urbanismo señalaron que las sanciones se extenderán a todas las construcciones irregulares, alrededor de ciento cincuenta. Técnicos municipales señalaron que con los datos obtenidos hasta la semana pasada una de las once parcelas tiene construcciones ilegales, por lo que los barracones tendrán que ser derribados.
Desde Urbanismo señalaron que, en caso de ser necesario, se producirán derribos, y se ordenarán medidas cautelares como el corte de los suministros de agua y luz.
El Ayuntamiento solo podrá abrir expedientes a las viviendas incluidas en el estudio de la Universidad para exigir la reposición de su legalidad e imponer una sanción, en los casos que sean leves y graves, ya que los muy graves pasarán a ser competencia de la Xunta. Estas últimas corresponden a las construcciones ubicadas en suelo destinado para equipamiento público privado, en zona verde o en suelo rústico.
Cuatro años
El Ayuntamiento coruñés explicó que las de carácter grave no prescriben nunca, pero las que le toca investigar al gobierno local, las graves y leves, prescriben a los cuatro años según la nueva ley.