Centenares de barcos de la Costa da Morte tienen que presenta antes del 6 de octubre en la Capitanía Marítima un proyecto que permita su legalización. La comprobación de las medidas para la elaboración de los documentos ya ha comenzado en Fisterra, Muxía y Camariñas, donde han contratado a la empresa Gestenaval para la realización de los trabajos.
Por el momento se desconoce con exactitud cuántos barcos van a tener que hacer el proyecto que les permita seguir con la actividad, pero unos 200 armadores de la zona se autodenunciaron, y los que se encuentran en peor situación son los que tienen a partir de un GT (medida de peso y volumen) más de la cantidad que figura en la hoja de asiento.
En algunos lugares el trabajo no ha empezado, pero los afectados ya calculan que cada uno de los documentos costará unos 700 euros. En esta cantidad se incluye el plan certificaciones de navegabilidad y la realización de una serie de pruebas para que la embarcación se adapte al decreto.
Un proceso semejante se inició en el 2002 a nivel estatal y culminó hace ahora casi cuatro años, pero sus efectos sobre la flota fueron mínimos, porque no se terminó. De hecho, en la propia ley se reconoce que las medidas adoptadas «no tuvieron el efecto previsto de regularización de la flota pesquera y de actualización de los buques irregulares, al acogerse a ellas un número reducido de armadores».
Hace poco más de un año se publicó la nueva normativa. En este caso, la responsabilidad del proceso recae en la Xunta de Galicia, por lo que es la Consellería de Pesca la que debe hacerse cargo de sacar adelante la regularización de la flota.
Registro de buques
Según el registro de buques de la propia Administración autonómica, casi la mitad de las embarcaciones con base en los puertos de la Costa da Morte presentaron solicitud de regularización hace cinco años, por lo que se prevé que las mismas lanchas realicen ahora el trámite.
A finales de marzo, Capitanía Marítima empezó a medir de oficio las embarcaciones. Las que presentan más dificultades son las más pequeñas, normalmente porque eran de madera y fueron sustituidas por otras de fibra.
En Muxía, Fisterra y Camariñas hay una media de más de veinte embarcaciones que tendrán que ser revisadas por la empresa. Muchas podrán ser legalizadas sin problemas, pero alguna tendrá que realizar reformas estructurales. Es el caso de los volanteros que se ven obligados a conseguir GT de la misma modalidad, de la que hay muy pocos barcos en Galicia. De hecho, solo están censados 34, y 9 de ellos han presentado declaración de irregularidad. Siete se encuentran en Malpica, Corcubión, Muxía y Corme.
Otra cuestión es que solo se podrá realizar una regularización en la vida útil de la embarcación, por lo que los armadores que la hubieran hecho anteriormente y hayan realizado cambios tendrán problemas para seguir con la actividad.
En algunas cofradías esperarán a contactar con el Capitán Marítimo para conocer los pasos exactos que deben seguir. Es el caso de Laxe, donde el proceso aún esperará unos días.
Otra cuestión es la de los motores, que preocupa especialmente a los propietarios de las embarcaciones pequeñas. En la mayor parte de los casos se trata de lanchas antiguas que tenían pocos caballos. Sobre todo se dedican al marisqueo y a las nasas, y el principal problema es que los propios armadores consideran que no es seguro faenar con tan poca potencia.
En estos casos todavía no está clara la solución, puesto que no se puede resolver con la compra de GT o con la transformación de la nave, por lo que los afectados esperan consignas de la Capitanía Marítima para resolver el problema.