La construcción quedaría bajo mínimos y, por tanto, los ingresos municipales se verían mermados
10 feb 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Las grúas pueblan el cielo de Boiro. Solo con mirar hacia arriba es fácil darse cuenta de que, de unos años a esta parte, la construcción creció y creció -se dan 300 licencias al año- en el municipio. Lo hizo al amparo del plan urbanístico del 2003. Por eso, si llega a hacerse firme la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a suspender esas normas urbanísticas, las consecuencias serán tan variadas como graves. «Empezaría a caer un gran castillo de naipes», aseguraba ayer un arquitecto. Basta decir que varios proyectos claves para el desarrollo de Boiro a medio elaborar quedarían condenados al aborto.
Para empezar, si la sentencia que considera que el plan xeral de Boiro debe suspenderse porque fue aprobado sin un informe de Patrimonio llega a hacerse firme -el Ayuntamiento va a intentar que no lo sea-, los planes parciales que se tramitan en Barraña y Cabo de Cruz, que afectan a más de medio millar de familias, se borrarían de un plumazo. La edificabilidad aumentó en esas zonas cuando se aprobó el ahora controvertido documento urbanístico y, por tanto, si ahora se suspende esa norma se dice adiós también a la posibilidad de construir con tanta densidad.
De darse esta circunstancia, de nada habría valido que estos planes parciales fuesen aprobados en pleno, que los vecinos hiciesen unos u otros proyectos con sus terrenos y que las arcas municipales invirtiesen dinero en efectuar mediciones y otros trabajos.
Batallas en vano
Algo similar ocurre con el pazo de Goiáns. El plan xeral aprobado en el 2003 por el gobierno local del PP sirvió para convertir en urbanizable una parte de la finca del pazo de Goiáns. Por tanto, si la Justicia finalmente obliga a suspender las normas urbanísticas en vigor, todo el entorno del noble edificio volverá a ser suelo protegido. De nada habría valido tampoco el polémico convenio firmado con Eroski y todos los planes del gobierno local para permutar el pazo por terrenos en A Pedreira.
Posiblemente, los tres ejemplos citados, junto al hecho de que unas 1.500 viviendas a las que se les dio licencia al amparo del plan urbanístico actual pueden quedar fuera de ordenación, sean los ejemplos más evidentes de lo que podría significar que la sentencia en contra del plan xeral se haga firme. Pero los técnicos aseguran hay más motivos para echar a temblar.
A ralentí
Si el Ayuntamiento no logra paralizar ese fallo con el recurso de casación que va a presentar, hasta que no haya un nuevo plan urbanístico -aunque está redactándose una revisión del actual, no se prevé que el trámite acabe hasta dentro de tres años-, las licencias de obra tendrían que darse con sumo cuidado, y de acorde con las normas subsidiarias de 1991, en las que la edificabilidad era mucho más baja en buena parte del municipio.
También habría que ver qué sucede con el polígono de Espiñeira y con la ampliación que está en marcha, ya que varios de los técnicos consultados, así como Xoán León, edil de Urbanismo, no tienen claro qué pasará con él.
Visto lo visto, parece lógico que constructores como España, que opera en el municipio, o que el responsable del Centro Empresarial da Construcción do Barbanza hablen de que, en un momento de inestabilidad del sector, una sentencia en esos términos aleja a muchos inversores de Boiro «pola mala imaxe que dá todo isto». También indican que, de hacerse firme el fallo y tener que esperar a un nuevo plan para construir, está claro que la edificabilidad en el litoral quedará a expensas de las nuevas restricciones en materia de protección de la costa.
Mención aparte merece el hecho de que, si dejan de levantarse viviendas, el Concello puede olvidarse de la jugosa fuente de ingresos que tuvo durante los últimos años por impuestos como el de construcciones.