El anterior equipo de gobierno de Vilagarcía denegó la licencia pese que tenía derecho a ella
04 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Las maltrechas arcas del Concello de Vilagarcía podrían verse asfixiadas aún más si prospera la reclamación que acaba de presentar María del Carmen González Quintáns. La empresaria, fundadora junto a su marido de la fábrica de A Nosa en Bamio, del polígono industrial del Pousadoiro y de la distribuidora Bebidas Faro, entre otros proyectos, presentó hace unos días una reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Vilagarcía por el veto que en su día adoptó la anterior corporación para la construcción de un hotel de cinco estrellas en el número 60 de la calle Rosalía de Castro. El escrito presentado por su representante legal, el letrado Ramón Montenegro González, solicita una indemnización de seis millones de euros por los perjuicios causados.
Los hechos que han dado pie a la reclamación se remontan a noviembre del 2007. Entonces, Carmen González solicitó al Concello licencia para demoler la antigua casa que ocupaba el solar y levantar el hotel, un edificio de arquitectura contemporánea que tendría 120 habitaciones repartidas en cinco plantas, spa, piscina... El edil de Urbanismo en aquellos días, el socialista Marcelino Abuín, decidió denegar el permiso, pese a que el arquitecto municipal -el técnico responsable en la materia- había emitido un informe en el que advertía al equipo de gobierno que la licencia se ajustaba a derecho y que la ficha urbanística del solar era compatible con usos hoteleros. «Pero el concejal en cuestión nos dijo algo así como que bajo ningún concepto se iba a hacer un proyecto nuevo en esa parcela», relata el abogado vilagarciano.
El TSXG le dio la razón
A raíz de la negativa, Ramón Montenegro acudió a la Justicia para obtener el permiso de demolición, que abriría la puerta al hotel de lujo. Y logró su objetivo hasta en dos ocasiones. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra falló en julio del 2009 contra el Concello y a favor de la empresaria vilagarciana, una sentencia que ratificaría en noviembre del 2010 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Ahora, Carmen González reclama 6 millones al Concello porque el escenario económico ha mutado radicalmente. En el 2007, la empresaria contaba con la financiación para el proyecto, algo que ha cambiado hoy. De hecho, la reclamación adjunta dos certificaciones bancarias de Novacaixagalicia y Caixa Geral firmadas hace unos meses en las que ambas entidades acreditan que en el 2007 se había dado luz verde a la operación, algo imposible ahora habida cuenta de la falta de liquidez que acusa el sector. La imposibilidad, por tanto, de obtener la financiación debido a una decisión del Concello considerada irregular por la Justicia es lo que da pie a la petición de indemnización.
500.000 euros como mínimo
La reclamación incorpora además el informe de un auditor que plantea una compensación mínima de 500.000 euros -la diferencia de intereses que habría que pagar en el 2007 y hoy por un crédito por ese importe- y una máxima de seis millones, que coincide con el coste del proyecto. La defensa añade abundante jurisprudencia que determina el pago de indemnizaciones en supuestos similares.