Hace ya unos meses que la Fiscalía General del Estado propuso a los jueces que, en aquellos casos de narcotráfico y otros delitos penales en los que hay incautación de bienes, se proceda a la venta de los mismos antes de que se dicte sentencia para evitar su deterioro. Es una medida de gran calado para la Administración de la Justicia en la comarca, ya que a menudo el patrimonio incautado a los narcotraficantes se deteriora, bien por la lentitud del proceso o porque la causa está ya en la Audiencia Nacional y a nadie le preocupa.
Sobran ejemplos que poner y de todos conocidos. Está el Abrente , que antes de que finalizase el proceso se hundió en el puerto de Vilagarcía. Está también el patrimonio de los Charlines, confiscado hace más de una década y que a la espera de subasta ya fue objeto de varios incendios, algunos fortuitos y otros se supone que intencionados. Y más reciemente se supo del caso del Regina Maris , un barco incautado hace demasiados años a Laureano Oubiña y que llevaba un cargamento de doce toneladas de hachís. Tras largos trámites judiciales, hubo por fin sentencia condenatoria, y hace unos días se procedió a la subasta del buque, que permanece custodiado en un puerto canario. Es tal su deterioro que la subasta quedó desierta.
Presión de los fiscales
El fiscal que se encarga en Pontevedra de los sumarios por narcotráfico, Marcelo Azcárraga, hace tiempo que se queja de los problemas que le acarrea a la Justicia la custodia de los bienes de los narcotraficantes. Por eso fueron los propios representantes de este ministerio los que hicieron un llamamiento a los jueces para que adelantaran la venta de los embargos. El dinero obtenido, por supuesto, debe quedar bajo custodia del Fondo de Bienes Decomisados, ya que, en caso de que el propietario resulte absuelto, se le debe indemnizar con el valor obtenido en la venta.
Lo cierto es que las últimas modificaciones legales dan pie ya a agilizar esos trámites, porque la Ley de Enjuiciamiento hubo de adaptarse a la normativa europea correspondiente.
Aunque la regla general para los bienes incautados sigue siendo la conservación de los mismos durante todo el proceso, la Fiscalía General aconseja a los fiscales que, cuando se intervengan bienes que pueden ser peligrosos para la salud o la seguridad pública, o en caso de que puedan depreciarse o deteriorarse, insten a la autoridad judicial a la venta anticipada sin esperar a que se dicte sentencia.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, indicó hace unas semanas que el Plan Nacional sobre Drogas está trabajando con el Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado para establecer mecanismos que permitan la venta anticipada de los bienes incautados a los narcotraficantes. El objetivo de esta medida, aprobada ya en una proposición no de ley, es «evitar el deterioro o la posible pérdida de valor para el Fondo de Bienes Decomisados», dijo entonces la ministra.