El juez aún no ha dado traslado a las partes, pero los acusados ya tienen trazada las líneas de actuación
06 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El proceso de depuración de responsabilidades en la gestión que llevó al Celta a la ruina económica tampoco es ajeno a la lentitud de la justicia. Dos meses después de que los administradores concursales emitieran su informe y que el fiscal hiciese lo propio -además por partida doble-, el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra todavía no ha dado traslado a las partes. Ni Horacio Gómez ni Alfredo Rodríguez tienen en su poder la requisitoria del juez para presentar con posterioridad en el plazo de 10 días sus alegaciones que darán paso a una vista pública, que en función de como se están desarrollando los hechos se celebrará bien entrada la primavera.
Sin embargo los señalados como culpables en el informe por dos de los tres administradores -para los que piden su inhabilitación- y por el fiscal -que solicita al ex presidente que indemnice a la masa con el incremento del pasivo de la concursada entre los ejercicios 2002 y 2006- trabajan desde hace tiempo en su defensa con un bufete de abogados y de peritos. Incluso las líneas maestras de la defensa ya están diseñadas desde hace tiempo.
Aunque por separado, Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez sostienen que el Celta se vio abocado al concurso por la imposibilidad de hacer frente a las nóminas cuando descendió a Segunda División y no por la situación contable generada seis o siete años atrás, cuando ambos eran los máximos responsables de la entidad celeste. Reiteran que la falta de provisión para las actas de Hacienda y la activación de la cantera eran prácticas habituales en todos los clubes.
Al mismo tiempo, utilizarán de un modo implícito y como principal argumento que el principal agujero contable del Celta se generó entre el año 2006 y el 2009, y bajo la presidencia de Carlos Mouriño. Incluso se apunta que el actual presidente originó un déficit superior a los 43 millones de euros desde su llegada, maquillados en parte por la quita del 85% en el concurso de acreedores y por la activación del convenio de Balaídos, que supone a nivel contable un ingreso de 31,2 millones de euros a dividir de un modo proporcional en los 25 próximos ejercicios contables a razón de 1,2 por año.
Otro de los argumentos de la defensa del ex presidente y el ex director general es el tiempo transcurrido desde su salida del club. Sostienen que el traspaso de poderes se produjo en mayo del año 2006 y que el Celta entró en concurso en julio del 2008, apuntando que su responsabilidad en el Celta ya había prescrito.