Considera de aplicación en este caso la llamada «doctrina Parot», que establece que los beneficios penitenciarios no se descuentan del límite máximo de cumplimiento efectivo, sino del total de las penas impuestas
La marcha exige a los gobiernos de Madrid y París que «terminen para siempre con la política de dispersión» y liberen a los reclusos con enfermedades graves