El histórico macrojuicio por blanqueo arranca pese al intento de suspensión de algunos abogados Parecía una utopía pero lleva visos de convertirse en realidad. La Audiencia Nacional ha conseguido echar a andar el macroproceso contra el clan de los Charlines por blanqueo de dinero y fraude fiscal.
La Audiencia Nacional inicia el primer gran juicio por blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas El clan de los Charlines se reunirá hoy por primera vez casi al completo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Abuelos, hijos, nietos y allegados -un abogado, un amigo de la familia, el propietario de un estudio de arquitectura y un socio de varias de las empresas del grupo-, hasta un total de 16, están convocados como acusados al mayor juicio celebrado hasta la fecha en España por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Si el tribunal que va a presidir la jueza Ángela Murillo asume las tesis del fiscal, les pueden caer 151 años de cárcel y 138 millones de euros (23.000 millones pesetas) de multa.
Los suspendidos por el caso del narcotraficante «el Negro» cobran ahora el 75% de su salario Varios jueces y magistrados de la Audiencia Nacional y de otras sedes judiciales, han decidido ampliar su seguro obligatorio con otro optativo, con el fin de garantizar el cien por cien de su sueldo en el caso de ser suspendidos. Esta decisión se produce después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordase el pasado día 6 suspender a varios miembros de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la excarcelación del presunto narcotraficante y ahora prófugo Carlos Ruiz Santamaría, «el Negro». Los magistrados afectados sólo perciben en este momento el 75 por ciento de su sueldo base.
Los armadores denuncian que la rentabilidad de cada barco se ha reducido un 30% por el exceso de regulación de la actividad Todo el sector de arrastre de litoral de Galicia y del Cantábrico ha decidido impugnar la orden ministerial de enero del 2002, que establece nuevas exigencias en los aparejos e impone el descanso nocturno de seis horas diarias. Los armadores denuncian que la excesiva regulación ha reducido la rentabilidad por barco en un 30% y que las restricciones por criterios biológicos no se aplican por igual en todos los segmentos de flota. Asociaciones de Galicia, País Vasco, Cantabria y Asturias acordaron ayer en Santiago enviar a todas las administraciones con competencias en pesca un informe sobre la «crítica» situación de la flota.
