Caamaño minimiza el auto y los nacionalistas ven un ataque a su lengua
04 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno se ha decantado en favor del actual modelo de inmersión lingüística en Cataluña -que impide a las familias que así lo quieran que sus hijos aprendan en castellano-, como reacción al auto del Tribunal Superior de Justicia que da dos meses al Gobierno de esta comunidad para que tome las medidas necesarias para equiparar las dos lenguas oficiales en la educación. Si primero fue la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien defendió el actual sistema lingüístico, ayer fue el de Justicia, Francisco Caamaño, quien mostró su respaldo al modelo que solo permite estudiar en castellano en colegios privados. Caamaño señaló que «habrá que analizar el fallo y resolver el caso», pero insistió en que lo que dicen las leyes catalanas, «que son constitucionales, es lo que nos vinculan a todos», aunque pueda haber, «en cada caso concreto, excepciones acordadas por un juez en una sentencia». El ministro opinó que el Tribunal Constitucional «reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia». Puede haber, dijo, «necesidades de adaptación» a normas, «pero no podemos dar un salto de un caso a la generalidad de todo el sistema de cooficialidad lingüística».
El líder de ICV-EU, Joan Herrera, aseguró ayer que «hay instrumentos para no acatar la sentencia» y no incluir el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas.
Más radical fue la respuesta de los independentistas catalanes, pues su portavoz parlamentaria, Anna Simó, pidió «a toda la ciudadanía, sociedad civil, profesores, padres y madres de alumnos, entidades culturales y ayuntamientos, que salgan a la calle y que defiendan con uñas y dientes un bien que ha costado mucho conseguir».