Los expertos en Derecho no le ven mucho futuro a un hipotético recurso de inconstitucionalidad
SOCIEDAD
La polémica prohibición de los corridas de toros en Cataluña puede terminar, como el aborto o el Estatuto de esta comunidad, en el Tribunal Constitucional. Así lo anunciaron ayer distintas asociaciones taurinas, que buscarán la manera de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y aunque reconocen que no tienen potestad para plantearlo, intentarán hacerlo realidad mediante 50 diputados del PP.
Según Joaquín Moeckel, asesor jurídico de Protauni, la decisión, además de afectar a las libertades de los ciudadanos, vulnera varios preceptos constitucionales, empezando por la obligación del Estado de promover la cultura. Según él, el Estado tiene competencias exclusivas en materia de cultura y patrimonio. «El Parlamento catalán tiene competencias para regular lo que existe, pero no para abolir», dijo. Además, argumentó que también se vulnera la libertad de empresa.
Pero esta postura no es compartida por prestigiosos expertos de Derecho Constitucional consultados por La Voz. Así, para Roberto Blanco Valdés, catedrático por la Universidade de Santiago, no existe «ninguna duda» de que es una norma perfectamente constitucional. «Puede ser una medida políticamente discutible y poco respetuosa con la gente a la que le gustan los toros, pero no tiene ni pies ni cabeza suponer que está fuera de la Constitución. La cultura es un título concurrencial, es decir, sobre el que todas las administraciones tienen competencias. Y sobre la libertad de empresa, se ejerce con arreglo a la ley, y esta puede cambiar y tener otras limitaciones», señaló.
De opinión parecida es Yolanda Gómez, catedrática de la UNED, quien no ve ninguna base inconstitucional en esta norma, y opina que es «muy difícil» que el Constitucional la rechace desde el punto de vista competencial y cultural, «porque es un espectáculo». Solo aprecia cierta posibilidad de enganche por el derecho de la UE que protege la libertad de establecimiento de empresas y trabajadores en todos los países integrantes. «Pero habría que hacer una interpretación muy extensa», precisó.
Juan María Bilbao, profesor titular de la Universidad de Valladolid, también opina parecido, pues le «extrañaría» que el alto tribunal niegue el derecho competencial del Parlamento catalán, aunque señala que los argumentos en contra de la nueva ley son «válidos y defendibles».