La comunidad de dueños de una urbanización de Teo se plantea pagar por hacerse con una casa vacía y así evitar su uso
20 ene 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Portavoces de ocho de cada diez familias residentes en la urbanización Os Verxeles (Teo) se reunieron ayer en asamblea para discutir acerca del centro de menores que la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar planea abrir allí, en una casa, la número 69, cuya adquisición por parte de la Xunta fue hecha pública el martes pasado. Con el objetivo de frenar este proyecto, excepto un miembro de los cien hogares representados, todos los asistentes votaron a favor de «iniciar distintas acciones legales, algunas de carácter penal», informó la comunidad de propietarios a través de una nota. Incluso se plantearon pagar a medias por hacerse con el edificio. De momento, ya han formulado un recurso de impugnación contra el proceso de compra de la residencia, esgrimiendo que la normativa urbanística local establece para el complejo: «Las parcelas asignadas se destinarán exclusivamente a vivienda unifamiliar».
Esta demanda de anulación figura dirigida al conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio (PSOE). Porque, si bien actúa a instancias del gabinete dirigido por Anxo Quintana (BNG), su departamento se encarga de tramitar la incorporación de la residencia al patrimonio autonómico. En el texto, ímplicitamente, los vecinos amenazan al socialista con querellarse por prevaricación contra quienes hayan autorizado la operación inmobiliaria, si fragua.
«Se fai expresa advertencia da ilegalidade na que se está a incurrir, así como no feito de que, caso de continuar adiante coa tramitación do expediente e proceder á sinatura do contrato [de compra], se procederá a exercer as correspondentes accións penais contra as autoridades e funcionarios responsables da súa sinatura, servindo o presente escrito como expresa advertencia aos efectos de que ditas persoas implicadas non podan alegar que descoñecían a inxustiza da súa actuación», puede leerse en el papel.
El germen de esta polémica se remonta a principios de julio pasado. Entonces, Economía había convocado un concurso público para adquirir una sede en los alrededores de Santiago, «debido ao peche do Emilio Viqueira», un complejo de reeducación de niños y adolescentes que funcionó en la antigua residencia presidencial de Roxos entre febrero del 2003 y agosto del 2007, cuando Vicepresidencia, alegando deficiencias estructurales, lo clausuró. Con fecha del 11 de diciembre, el equipo de Fernández Antonio declaró desierta la competencia y organizó una segunda, basándose en que ninguna de las seis construcciones ofertadas cumplía el 100% de los requisitos que exigían las reglas de la subasta.
Sin embargo, ya esta semana, la misma consellería acabó formalizando la compra de una de aquellas casas que solo un mes antes había rechazado. Se trata del número 69 de Os Verxeles, 350 metros cuadrados de superficie que el Gobierno ha considerado oportuno valorar en 420.000 euros. Pertenece al director gerente de una empresa compostelana, fundada en 1953, que ha ejecutado varias obras de fontanería, calefacción y saneamiento en hospitales de la red pública gallega, así como en otros locales administrativos.