El presidente del colectivo plantea a la asociación O Mirador un acuerdo que permita la integración
20 jun 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El trato es el siguiente; si los vecinos de Monte Porreiro aceptan que regrese al barrio una de las familias de O Vao, la asociación Pueblo Gitano retirará la denuncia por coacciones y amenazas contra los habitantes de la urbanización por haber expulsado a los chabolistas de sus casas.
El presidente del colectivo, Sinaí Giménez, lanzó ayer esta propuesta a la asociación O Mirador de Monte Porreiro, que lideró las protestas contra los gitanos. «Lo que les pedimos es que nos sentemos las dos asociaciones y nos pongamos de acuerdo para que regrese la familia realojada en la calle Portugal», explicó Giménez.
El líder gitano aseguró que los chabolistas contarían además con un seguimiento por parte de mediadores sociales de asociación. «Esta familia -añadió- se comprometería con O Mirador y con Pueblo Gitano a comportarse como cualquier vecino de Monte Porreiro».
Sinaí Giménez abogó por «dejar a la Xunta, al Ayuntamiento y los intereses políticos a un lado» para solventar el conflicto «mediante el diálogo entre asociaciones». En caso de que O Mirador aceptase la propuesta, el colectivo Pueblo Gitano retiraría su denuncia contra los vecinos por supuestas coacciones y amenazas a las familias de O Vao realojadas en el barrio.
Seis residentes de la urbanización, entre ellos, dos directivos de O Mirador, están imputados por la Fiscalía en relación a una manifestación que se produjo de madrugada a la puerta de las casas de los afectados. La asociación Pueblo Gitano tiene la intención de ampliar los cargos del ministerio fiscal, de las supuestas coacciones, a amenazas, violación de los derechos fundamentales, daños personales a los afectados y a todo el colectivo gitano, además de «secuestro a la libertad y el derecho de los familias a vivir donde le plazca».
Hasta seis años de cárcel
Los seis vecinos imputados acudirán hoy a declarar en los juzgados de A Parda. Sinaí Giménez asegura que, de seguir adelante el juicio, podrían afrontar penas de hasta seis años de cárcel.
Giménez, que el martes confiaba en que se produjera «una sentencia ejemplar», cambió su parecer y se mostró partidario de retirarse como acusación particular en un posible juicio. «No se trata de meter a nadie en la cárcel, pero parece justo que dejen volver a una familia».