El Concello de Ourense ha reducido a 39,5 días el período medio de pago de facturas, según resaltó ayer el concejal de Economía e Facenda, Agustín Fernández Gallego, al valorar los seis primeros meses de aplicación del compromiso antimorosidad asumido por la administración local. Ourense mantiene, en este ámbito, una política que es ejemplo para otros órganos de la administración.
En el período que va desde el 18 de mayo y el 19 de noviembre entraron en el Concello de Ourense 4.528 facturas, según el detalle que ayer ofreció el concejal. De ese total, por importe de algo más de 33 millones de euros, se pagaron 4.310 facturas, lo cual representa el 95,2%, por importe de 31,4 millones. Al finalizar ese período estaban pendientes de tramitación 218 facturas, que suponen un 4,8% del total, siendo su cuantía de algo más de 1,5 millones de euros.
En plazo, es decir, en menos de sesenta días, se pagaron 4.020 facturas, es decir, el 93,3%, con un importe de 28,6 millones. Fuera de ese plazo que se impuso el gobierno local se pagaron 290 facturas, que representan el 6,7%, por importe total de 2,8 millones de euros.
De esas 290 facturas, no se llegaron a pagar intereses de mora en veinte de ellas que corresponden a acreedores no comerciales, por importe de 57.889 euros; otras 34, por importe de 328.236 euros, por corresponder a acreedores que no están al corriente de sus obligaciones tributarias con el Concello, en tanto que otras 57 los intereses inferiores a un euro.
Pago de intereses
El importe de los intereses de demora ha supuesto para las arcas municipales un gasto de 12.143 euros. El detalle de las facturas pagadas con intereses por el Concello, durante los seis meses que son objeto de este análisis, indica que el importe medio de aumento en cada factura ha sido de 68 euros. De las facturas en las que se pagaron intereses, en dos de ellas fueron superiores a mil euros las cantidades pagadas, mientras que en otras once se situaron entre cien y mil euros. Cuatro facturas pagadas fuera de plazo costaron a la administración un plus de intereses de mora entre cincuenta y cien euros, mientras que en las otras 61 se quedaron por debajo de los cincuenta euros.
El concejal estima que el compromiso adquirido por el Concello de Ourense ha resultado eficaz, en la medida en que se ha conseguido reducir de forma muy notable el período de abono de compromisos a los acreedores municipales «e compensalos axeitadamente cando o atraso no pagamento supera os límites do razoable, límite que fixamos en sesenta días», según enfatiza Agustín Fernández.
Transcurridos los primeros seis meses de aplicación práctica de este plan, el concejal se marca como objetivo la reducción del número de facturas que se pagan con atraso, así como el volumen de intereses moratorios satisfechos, «o que suporá menores perxuízos para os noso acreedores comerciais».
Ley que no se aplica
Agustín Fernández considera que la actuación municipal merece una especial valoración por cuanto la Ley antimorosidad del 2004 no está siendo aplicada de una manera sistemática por parte de la administración, entre otros motivos por la difícil situación financiera que está impidiendo a muchas entidades locales hacer frente a sus obligaciones con la deseable diligencia y prontitud, «o que agrava a situación económica de moitas empresas e autónomos, situación xa de por si complicada».
Cuando la administración central difiere a 2013 la obligatoriedad del pago en plazo razonable y la Xunta «simplemente fai un brindis ao sol ao respecto», en palabras de Agustín Fernández, el Concello de Ourense asumió el compromiso de pagar en sesenta días las operaciones lugares que hayan dado lugar a la entrega de bienes o prestación de un servicio entre la administración local y las empresas.