El Concello de Ourense adquirió ayer un compromiso público con sus acreedores comerciales. Lo hizo a través de un documento en el que se autoimpone la obligatoriedad de establecer un plazo máximo de pago a sus acreedores. La medida llega tras la petición realizada por la Confederación de Empresarios al regidor de que agilizaran los pagos.
Según explicó el concejal de Economía, Agustín Fernández, este período será de sesenta días después de la fecha en la que la institución local haya recibido la factura a través de la Oficina de Compras. «A maior parte das facturas xa as estamos pagando por debaixo dos sesenta días, pero queremos que os nosos acredores teñan a absoluta garantía de que van a cobrar nese período», explicó el edil socialista.
Intereses
La institución también se comprometió a que el incumplimiento de este plazo supondrá «o devengo automático do interese de demora sen necesidade de petición por parte do acredor». El tipo de interés será el establecido en el artículo 7 de la Ley 3/2004, que en la actualidad está fijado en el 9,5% aunque es una cantidad que el Gobierno central revisa semestralmente. También queda establecido que el período de devengo del interés de demora será desde el día siguiente del término del plazo hasta que se satisfaga la deuda con el acreedor.
El compromiso contra la morosidad del gobierno local entrará en vigor, según explicó el edil de Economía, una vez que se apruebe en la junta de gobierno de la próxima semana. Para las facturas que se hayan recibido con anterioridad a este compromiso, el plazo se computará a partir del día en que entre en vigor esta medida.
El concejal de Economía detalló que este compromiso está recogido en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, conocida como ley antimorosidad. Sin embargo, aseguró que en la actualidad no se está aplicando especialmente en las administraciones públicas: «A difícil situación financeira de moitas entidades locais impídelles facer fronte con prontitude as súas obrigacións de pago».
Esta decisión de acelerar los pagos en el Concello llega después de que el Gobierno central crease una línea de avales del ICO, que garantizará el cobro de las deudas de las administraciones locales con las empresas.