La continuación de las obras del archivo y la biblioteca pública de San Francisco no está para prisas. Los trabajos acumulan dos años de paralización y aún le quedan semanas de espera y para que se retomen y una fuerte inyección de dinero público para finalizarlas. Nueve millones de euros, presupuestados en los últimos ejercicios del Ministerio de Cultura, se han perdido y se supone que habrá que esperar por nuevos fondos para continuarlas. Pero, antes de que ese círculo se cierre, habrá que superar aún varios problemas.
El alcalde, Francisco Rodríguez, reconoció ayer en el pleno del Concello y a preguntas del portavoz del PP, Enrique Nóvoa, que «a xustiza non é todo o axil que nos quixéramos e seguimos pendientes de que o xuíz permita entrar a constructora no recinto de San Francisco». Lo dijo 32 días después de que, ante los mismos concejales que le escuchaban ayer, garantizase que las obras se retomarían aquella misma semana.
Rodríguez aludió a que la empresa contratada en su momento por el Ministerio de Cultura para construir el archivo y la biblioteca acabase llevando a este departamento ante la justicia por desavenencias en el desarrollo del proyecto. Según la versión del regidor, el juez aún no tomaría una decisión firme con respecto a este asunto, por lo que no accede a que se entre al recinto de San Francisco hasta que el contencioso judicial se resuelva.
Esto impide que la constructora que obtuvo el segundo lugar en el concurso público, y a la que le tocaría seguir desarrollando el proyecto -la ourensana Copasa, según el Concello-, no pueda entrar en el recinto. Al menos así lo razonó el alcalde un mes después de que anunciase al pleno «a boa nova» de que el Consejo de Ministros iba a resolver el contrato con la empresa que había litigado contra el ministerio.
El regidor explicó el nuevo escenario administrativo y judicial en el que están las obras del archivo y la biblioteca después de que Enrique Nóvoa, portavoz del PP, le acusase de «buscarse titulares na prensa» a cuenta de aquel anuncio. Francisco Rodríguez recordó a Nóvoa que «tamén sabía que había unha demanda xudicial» e indicó que en el último pleno se había limitado a transmitir a la corporación la información que aquella misma mañana le llegaba del gobierno central.