Aquí al lado y en Almendralejo, cada vez que un tribunal dicta sentencia de inocencia se nos plantea la misma cuestión. ¿Y ahora, qué?, nos preguntan, algunos incluso en tono inquisitorial. Pues ahora nada. Que celebramos profundamente las inocencias y absoluciones porque no nos gusta que nuestra clase política esté teñida de sospechas y no nos apetece nada que quienes manejan nuestros ahorros y sacrificios vivan bajo la mínima desconfianza.
Pero parece como si hubiera llegado el momento de pasar una factura que no existe. Y hablan de daño irreparable, persecución, inquina, rencores y revanchas. Incluso reclaman reponer el prestigio. Un prestigio y una trayectoria que nadie robó, porque se entiende que Vigilancia Aduanera hizo su trabajo, los jueces el suyo y los medios de comunicación lo que les correspondía. Mejor o peor, con errores evidentes, como hacen los propios implicados; pero si no fue así es el momento de iniciar las oportunas acciones.
En España soportamos a más de 68.000 concejales y casi 400.000 cargos públicos; de todo tipo y condición, y sobre una mínima parte recaen sospechas de alguna irregularidad. Se investiga, se da a conocer la investigación, que para eso trabajan en lo público, y se absuelve o condena. Defender lo contrario y pasar factura es lo mismo que cocear la legalidad que ya bastante averiada está.
El catecismo judicial ha de ser igual para todos; infantil resulta recordarlo. Se sospecha, se investiga y se absuelve o condena. Así se sencillo.
Porque por este planteamiento, no investiguemos al ladrón de bancos porque no vaya a ser que al final resulte inocente.