Los vigueses pedían en 1823 certificados de buena conducta moral y política
VIGO CIUDAD
Quien tenía un cargo público debía demostrar que se había mantenido fiel a la tradición y a Fernando VII durante el liberalismo
25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.En la historiografía clásica de España se conoce como Década ominosa a los diez años que transcurrieron entre 1823 y 1833, es decir, desde el final del Trienio liberal, que recuperó la Constitución de Cádiz aprobada en 1812 hasta la muerte de Fernando VII. Ese período no solo supuso el fin del incipiente constitucionalismo español, y con ello un retroceso en el camino hacia la consecución de los derechos de todas las personas, sino que fue una época marcada por las delaciones y la indefensión de los numerosos acusados de oponerse al rey durante los tres años de constitucionalismo.
Fernando VII, en octubre de 1823, volvía a ser un rey absoluto, con todo lo que ello implicaba, y quienes se habían opuesto a esta posibilidad, entre 1820 y 1823, serían objeto de represión, persecución y, en muchos casos, de ejecución. Como ocurrió posteriormente, en 1939, no fueron pocas las personas que se vieron obligadas a huir de España, como le ocurrió al mismísimo Goya. Quienes se quedaron en España también tuvieron lo suyo porque estuvieron sometidos al agudo escrutinio de los ultraconservadores partidarios del poder absoluto para el rey.
En el Archivo Municipal de Vigo hay numerosos documentos de particulares solicitando al ayuntamiento certificados de buena conducta durante el Trienio Liberal. Solicitaban un respaldo oficial que demostrase que no eran constitucionalistas, sino fieles siervos de aquel rey un día deseado, y, por lo tanto, personas de confianza para aquel régimen antiliberal.
Uno de ellos fue Roque Quiroga. Solicitaba al ayuntamiento, a comienzos de enero de 1825, «un certificado de la conducta moral y política que ha observado y adhesión al Rey N.S. [nuestro señor]». No era un hombre cualquiera en Vigo. Había sido elegido regidor por Pablo Morillo cuando, en 1823, tomó la ciudad para el absolutismo, lo que da una idea del ambiente de sospechas que presidía en aquella época. Que su solicitud se produzca en enero de 1825 muestra que aquel ambiente de recelo se prolongó en el tiempo.
Francisco Julián Pérez solicitaba en aquellos mismos días que se le «franquee testimonio de la conducta política que ha observado durante el trienio de gobierno constitucional y de la adhesión y amor al Rey N.S. y a su Real Familia». Este solicitante era el cirujano mayor del ejército en la ciudad y, años atrás, había asumido ese puesto en el Ayuntamiento de Vigo.
Eustaquio de Mediavilla iba más allá y, además del certificado de conducta moral y política, también quería que se dejase constancia escrita de que no había pertenecido a la Milicia Nacional, órgano de talante liberal que hizo frente a las partidas tradicionalistas en el entorno de Vigo durante el Trienio.
Antonio Paz, regidor también nombrado por el Conde de Cartagena tras la rendición de Vigo a los absolutistas, pedía que se acreditase su «decidido amor que profesa al Rey N.S. y al altar», añadiendo otro de los pilares del poder absolutista, el uso que hacía de la religión.
La instancia de Javier Martínez supone una declaración anticonstitucional. Decía en febrero de 1825 que le importa constar que «en el tiempo que rigió el abolido sistema constitucional, lejos de concurrir a motines y asonadas, manifestó constantemente la mayor aversión acia a ellos» (sic), haciendo hincapié en que su comportamiento fue moderado.
Este tipo de documentación es más abundante en los primeros años de este período absolutista, para ir diluyéndose conforme se acerca la década de los años treinta.