Afronta cárcel por borrar los discos duros de su empresa de Vigo tras ser despedida

Los daños generados causaron unos daños cuantificados en 17.755 euros


Vigo / La Voz

Una trabajadora de Vigo, que fue despedida en una extinción temporal de regulación de empleo (ERTE), afronta 20 meses de cárcel por borrar datos sensibles de los discos duros de su empresa en venganza porque le rescindieron el contrato. Le atribuyen daños por 26.000 euros. El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo citó ayer para juicio a la encausada.

Los hechos se remontan a mayo del 2017 cuando la implicada trabajaba como técnico superior en prevención de riesgos laborales en una empresa. Llevaba nueve años contratada cuando recibió una carta que le comunicaba que estaba afectada por un ERTE que iba a durar un año, lo que luego le confirmaron en persona y por escrito. Debía dejar el puesto al día siguiente.

Según la Fiscalía, el mismo día que le habían notificado su despido, la implicada accedió con su nombre de usuario y contraseña habituales a su equipo informático corporativo, propiedad de su empresa, y «consciente y deliberadamente» eliminó del disco duro y de la papelera de reciclaje multitud de archivos y documentación en soporte digital que contenía información imprescindible para la actividad de la firma y de la que no existía copia. A lo largo de cinco horas, desde las 8 de la mañana hasta las once, borró bases de datos de clientes que quedaron inaccesibles. 

Clientes perdidos

La empresa tuvo que contratar a una consultora para estudiar los daños y recuperar los archivos y documentos eliminados, lo que le costó 6.655 euros y adquirir por 2.000 euros un nuevo equipo e introducir los datos otra vez. Además, la empresa quedó sin atender a los clientes durante el período de recuperación de la información perdida y se quedó sin el 8 % de los clientes de la cartera que gestionaba la acusada, y que generó unos daños cuantificados en 17.755 euros.

La Fiscalía le acusó inicialmente de un delito de daños informáticos y solicitó que la implicada cumpliese 20 meses de prisión. También pidió que la acusada indemnizase a su antigua empresa con 26.410 euros por los perjuicios ocasionados por el borrado y eliminación de documentos, archivos y bases de datos, así como los intereses generados.

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