La polémica entre el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra a cuenta de la señalización de la Vuelta Ciclista a España sería cómica si no resultase muy significativa de un modo inaceptable de entender el oficio de la política y el ejercicio del poder.
Los hechos resumidos son banales: la Diputación coloca, sin permiso municipal al parecer, en distintos lugares de la ciudad que rige Caballero unas banderolas que indican la ruta de la carrera ciclista y el alcalde ordena retirarlas y, no contento con ello, decide abrir un expediente a la Diputación.
La razón de ese desencuentro, con formas realmente impresentables, solo tiene que ver, claro está, con el hecho de que el alcalde de Vigo es socialista y el presidente de la Diputación es del PP, motivo que el segundo habrá considerado probablemente suficiente para no hacer lo que una elemental cortesía institucional exigía antes de colocar las banderolas -pedir permiso- y que el primero, Caballero, habrá entendido le legitimaba para tratar a la Diputación como si fuera una banda de corsarios, que vienen a apoderarse de lo que al alcalde le pertenece tal que una propiedad particular.
Porque, en el fondo, y más allá de la evidente descortesía institucional de la Diputación pontevedresa con el Ayuntamiento vigués, el comportamiento de Caballero, una y mil veces repetido, no tiene otra motivación que la que resulta más fácil de explicar: que, como el Fraga de 1976 con aquella calle que era suya, el alcalde está plenamente persuadido de que la ciudad le pertenece y que, por tanto, puede hacer en ella lo que quiera: quitar banderolas, poner pianos por las calles, maltratar de palabra a los periodistas cuyas empresas informativas no le gustan, llamar fascista al periódico más leído de Galicia o atribuir las obras públicas de Vigo a una entidad (la Alcaldía) que no es quien las contrata.
Lejos de asimilarse al comportamiento de un político moderno -respetuoso con quienes discrepan políticamente de él, pertenecen a otros partidos o tienen el derecho y el deber de controlar desde los medios de comunicación el ejercicio de su acción gubernativa-, Caballero se comporta en realidad como uno de aquellos sheriff del Oeste que, persuadido de que su ciudad es un rancho particular, tiene también en la boca todo el día aquello de «yo de ti no lo haría forastero», pues para él es forastero todo el que no se pliega a su santa voluntad.
Y a todo esto, en medio de un follón ridículo, el alcalde de Vigo demuestra haber olvidado, en el asunto de las banderolas, lo más fundamental: que para sus convecinos, que pagan el sueldo de su alcalde y gran parte del presupuesto de la diputación pontevedresa, resultará cómodo saber por dónde discurre la Vuelta Ciclista a España si quieren verla pasar por su ciudad.