Una pareja de Soutomaior en paro debe 44.000 euros en multas por no derribar su casa

«Estamos asfixiados, jamás podremos pagar», dicen los vecinos


soutomaior/ la voz

Un matrimonio de Soutomaior acumula 44.000 euros en multas de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) porque se niegan a derribar su única vivienda. Argumentan que la orden de demolición de su casa del barrio de Rial se basa en una foto imprecisa de los servicios de inspección municipales y que la arquitecta reconoció el error en un juicio celebrado en el contencioso. La APLU lleva presionándoles desde el 2011 para que hagan desaparecer la edificación construida en 1998, por lo que consideran que cualquier irregularidad habría prescrito.

La primera sanción fue de 1.000 euros, la segunda de 2.000, la tercera de 4.000, la cuarta de 8.000 y las tres siguientes de 10.000 euros cada una. La última llegó en septiembre del año pasado.

Josefa Bouzón y Gonzalo Cerezo reconocen que nunca podrán hacer frente a semejante cantidad de dinero. Viven del campo y carecen de recursos económicos. Ella era cocinera en una casa rural y se quedó en paro a raíz de la pandemia. Este mes se le acaba la prestación por desempleo de 550 euros mensuales. Él ha trabajado como operario municipal en Soutomaior y el mes que viene comenzará a cobrar una pensión de 420 euros. «Estamos asfixiados. Así no podemos vivir», afirma Josefa, que ya tuvo embargada la nómina y la hipoteca por este problema.

Su calvario empezó en 2009, cuando decidieron completar sin licencia una tercera planta de la casa en la que viven en el barrio de Rial. En la planta baja almacenan herramientas y maquinaria del campo. Vivían en la primera planta y se les hacía pequeña.

Un vecino denunció las obras. La arquitecta municipal hizo una foto de la irregularidad desde un vial público en un nivel superior en el que no se apreciaba la planta baja porque la tapaba la vegetación. Parecía una vivienda de dos alturas y una de ellas sin terminar. La APLU entendió que era una casa ilegal sin terminar y ordenó el derribo de toda la edificación.

Juicio

El matrimonio acudió al juzgado de lo contencioso para defender la casa en la que llevan más de 20 años viviendo. Antes de la vista, derribaron la planta que habían añadido de manera irregular. En el juicio, la arquitecta aclaró el error. La foto no estaba bien tomada y había contabilizado dos plantas en lugar de las tres existentes en aquellos momentos, estando la planta baja y la primera totalmente concluidas desde hacía mucho tiempo. El juez archivó el caso porque se había cumplido la legalidad urbanística con la desaparición de la planta que se añadió.

La APLU, que no se presentó al juicio en primera instancia, presentó un recurso ante el TSXG, que, sin embargo, confirmó la orden de derribo. Lamentan que para incoar el expediente no hayan hecho acto de presencia en el lugar para comprobar la denuncia presentada. Defienden que su casa, de planta baja y piso, cumple con todos los parámetros de la ordenanza, vinculada a un uso agropecuario.

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