La hospitalización de Manuel Núñez se debió a un cuadro de ansiedad que ya había sufrido tras su arresto
02 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.El entorno familiar del abogado vigués Manuel Núñez Arias ultimaba ayer los trámites para pagar la fianza de 150.000 euros que la jueza que instruye el caso de la supuesta trama urbanística de Totana le impuso en la madrugada del sábado para eludir la orden de ingresar en prisión con carácter provisional. El letrado, propietario de la empresa que pretendía levantar 5.040 viviendas en 2,2 millones de metros cuadrados rústicos a punto de recalificar en el municipio murciano, fue el único de los seis detenidos el pasado lunes en Nigrán, Murcia y Madrid al que la magistrada impuso una pena de prisión tras escuchar sus testimonios. Fuentes jurídicas de la investigación indicaron a La Voz que la decisión de decretar para Núñez provisionalmente prisión eludible con fianza, a pagar en un máximo de 72 horas, evidencia la existencia de circunstancias delictivas del imputado, aunque estas todavía no han trascendido dado que sigue impuesto el secreto de sumario tanto para el caso como para el trámite de diligencias. La inexistencia de antecedentes penales en vigor para el abogado vigués facilitó su libertad bajo fianza. 30.000 euros a Lagarza El decreto de prisión provisional le fue comunicado después de ser atendido hacia las diez de la noche en el centro de salud de Totana. El letrado y propietario de la empresa Nuaria, promotora del macrocomplejo diseñado para Totana y que dio pie a la investigación que se sigue en la operación Tótem, presentó repentinamente un cuadro de ansiedad fruto de una subida de tensión. Dicha situación también fue sufrida el lunes en Galicia tras su detención y antes de ser trasladado a Murcia junto a su ex empleado y director de suelo de su promotora, Pablo Maceira Lagarza, para el que la jueza ha fijado 30.000 euros de fianza. Además a este se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer en el juzgado cada semana. La magistrada extendió esta medida a los otros tres presuntos intermediarios en la compra de terrenos y en las conversaciones entre la empresa viguesa y el Ayuntamiento de Totana.