El juez da un mes al Concello de Baiona para redactar el plan de derribo de un edificio

El TSXG anuló en el 2005 la licencia que amparaba 19 pisos y 5 bajos comerciales. Los propietarios reclaman ahora 6,1 millones


baiona / la voz

Antes de Navidad, el Concello de Baiona deberá tener redactado el plan para ejecutar la sentencia de derribo que pesa desde el 2005 sobre un edificio de viviendas 19 viviendas y 5 bajos comerciales en Sabarís. Ese auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificado cinco años después por el Supremo, anula el estudio de detalle y la licencia que fue concedida para la construcción de ese inmueble de la avenida Julián Valverde.

El juez ordena apremia ahora al alcalde, advirtiéndole con multas coercitivas si no se cumplen los plazos. «El jurídico ya está preparando el cronograma, que incluye el proyecto de derribo porque hay que cumplir con la ley», confirma el regidor baionés Carlos Gómez. La factura para el Concello preocupa, y mucho, ya que ya que la comunidad de propietarios reclama 6,1 millones de euros de indemnización. «Nuestra obligación es acatar las órdenes judiciales y así lo haremos, pero también defender los intereses de todos los administrados», indica el alcalde, advirtiendo de la contrarreloj en la que trabaja también el departamento de Urbanismo. «Intentamos agotar y estudiar todas las vías posibles para buscar un encaje legal que salve el inmueble porque esas posibles indemnizaciones a las que habría que enfrentarse supondrían una hipoteca de futuro para el Concello y un condicionante para el desarrollo de nuestro proyecto», advierte Gómez. El global de todo el plan de gastos e ingresos municipal de un ejercicio es de 8,5 millones de euros.

La ilegalidad del edificio radica en que la vivienda contigua forma parte del conjunto histórico artístico de la villa y, al levantar el inmueble, no se respetó el área de protección que goza todo bien de interés cultural. Además, las obras rebasaron con creces la edificabilidad permitida por el planeamiento. La licencia es del año 2001 y fue concedida de manera casi clandestina por el antiguo alcalde, Benigno Rodríguez Quintas. La aprobación del estudio de detalle y la concesión de la licencia no se llevaron a cabo sin la publicidad requerida para este tipo de acuerdos. El gobierno municipal tardó meses en publicar las autorizaciones cuando ya había caducado el período de presentación de alegaciones. Los vecinos de la vivienda contigua denunciaron al Concello y a la promotora del edificio y colocaron un cartel en la fachada de su propiedad informando a los posibles compradores de los problemas del edificio. La Justicia acabó dándoles la razón. El TSXG falló en el 2005 anulando la licencia y el estudio de detalle. La promotora presentó un recurso de casación ante el Supremo resolvió en el 2010, confirmando la ilegalidad del edificio. Sobre este acuerdo judicial ya no cabía ningún recurso. Tres años después, el Concello de Baiona declaró el inmueble «ilegalizable» por estas irregularidades.

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