A Guarda ultima las indemnizaciones ante el derribo de 8 pisos de A Armona

El Concello deberá asumir 360.000 euros si no pagan los promotores


a GUARDA / la voz

La demolición de ocho apartamentos construidos ilegalmente en la urbanización de La Armona, en A Guarda, está ya cerca. El Ayuntamiento ha comenzado a formalizar las indemnizaciones que cobrarán los propietarios que van a quedarse sin sus viviendas. Es el último trámite antes de que la piqueta empiece a funcionar.

El TSXG estableció en 360.000 euros la compensación que deben recibir los afectados que compraron de buena fe las viviendas creyendo que se ajustaban a la legalidad urbanística. Se trata de un pago que tienen que afrontar los promotores de los apartamentos ilegales. No obstante, un auto de junio de 2017 establecía que el abono de la indemnización debe ser garantizada por el Concello.

El TSXG pidió el pasado 2 de julio al Ayuntamiento que le remitiese el documento acreditativo de la constitución de las garantías de indemnización. Los jueces apuraban así a la administración local para que empezara la tramitación.

La respuesta del Concello ha sido plantear un incidente de ejecución de sentencia, un término jurídico que significa abrir una vía destinada a resolver problemas que puede conllevar el cumplimiento de una sentencia en sus justos términos. Se trata de una cuestión técnica que retrasa unos días la inevitable demolición. Iniciados los trámites para la constitución de la garantía exigida, la administración local planteado que el beneficiario del aval sea la sala de lo contencioso administrativo del TSXG. Si se incluyese como beneficiario a los propietarios, habría que constituir tantos avales como intervinientes y será necesario que la sala determine la cantidad que le toca recibir a cada afectado.

Operatividad

«Es más operativo que el beneficiario del aval sea la sala, por cuanto constituirá un único aval, de la otra forma sería más gravoso al tener que constituir tantos avales como beneficiarios», expresa el recurso del Concello ante el TSXG. El tribunal ha dado un plazo de 20 días a las partes para que formulen alegaciones.

Los apartamentos de La Armona se encuentran en la parte baja del bloque sur de esa urbanización de Camposancos, ubicada muy cerca de la desembocadura del río Miño, dentro de un espacio integrado en Red Natura y en una zona de servidumbre de Costas.

La sentencia que condena a derribarlos data ya del 99. Se trata de unas viviendas que carecen de licencia en un espacio donde no se permiten los usos residenciales. Los jueces condenaron a los promotores a indemnizar a los propietarios que compraron creyendo que los apartamentos se ajustaban a la legalidad. Pero la garantía de pago se la impusieron al Concello como castigo por la dejación de funciones por no hacer cumplir la sentencia.

Las viviendas estuvieron a punto de pasar por la piqueta hace años. El gobierno ofertó la obra a empresas del municipio y ninguna aceptó encargarse del trabajo. Posteriormente, los propietarios de los apartamentos se vieron beneficiados por un cambio normativo que permite que los dueños de inmuebles contra los que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal sean indemnizados antes de que se produzca el derribo.

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