La gran trama de narcolanchas en Galicia solo se juzgará con 11 de los 59 detenidos
VIGO
Se bautizó como operación Endurance, afectó a doce provincias y al norte luso y se decomisaron 50 lanchas en diferentes fases de construcción
03 feb 2026 . Actualizado a las 17:40 h.El primer semestre del 2022 concentró cuatro grandes operaciones policiales contra sendas tramas especializadas en la construcción de planeadoras consideradas ilegales por la normativa aprobada en el 2018. De los cuatro procedimientos, el más ambicioso por número de detenidos y embarcaciones confiscadas en diferentes fases de construcción tuvo lugar en junio. Se bautizó como operación Endurance. Implicó 59 arrestos y medio centenar de las denominadas narcolanchas requisadas. El Equipo de Delincuencia organizada y antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil en Pontevedra en Pontevedra diseñó el operativo final tutelado por la Fiscalía Antidroga en la provincia y el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo. Tres año y medio después, el procedimiento llega a juicio con solo once personas sentadas en el banquillo de los acusados de los 59 detenidos en junio del 2022.
La vista para dirimir las cuestiones previas y fijar la hoja de ruta del juicio se celebró ayer en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo. La Fiscalía pide penas de nueve a dos años de prisión y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas. La tesis incriminatoria señala que los 11 procesados y la firma formaban una estructura «empresarial, personal y material» que, al menos entre septiembre del 2020 y junio del 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas al narcotráfico.
Las defensas aprovecharon la sesión de ayer para reclamar la suspensión del juicio al entender que la Audiencia de Pontevedra no es competente para juzgar unos hechos que, supuestamente, se produjeron no solo en Vigo, sino también en varios puntos del norte de Portugal y en otros lugares de España, como Alicante, Barcelona, Tarragona, Toledo o Sevilla. Apelan a la cuestión transnacional para reclamar que los hechos sean dirimidos por un tribunal de Portugal (donde la construcción de embarcaciones semirrígidas rápidas está regulada y no es delito). Apuntan también que si deben ser juzgados en España, debería ser la Audiencia Nacional la que se ocupara de esta causa.
Las defensas reclaman igualmente la nulidad de las actuaciones por considerar que muchas pruebas se obtuvieron de forma irregular, al no estar suficientemente motivos los autos que permitieron los registros de naves, el balizamiento de embarcaciones y otras medidas de vigilancia. Varios letrados argumentan que se había llevado a cabo una instrucción judicial basada en una investigación prospectiva, sin indicios racionales de criminalidad en algunos casos. También alegan que se producía una situación de indefensión porque no habían podido acceder a la totalidad de la documentación obrante en el procedimiento, y todos ellos han trasladado también quejas sobre la mala acústica de la sala, lo que les ha impedido, han asegurado, entender correctamente todas las intervenciones.
Réplica de la Fiscalía
El fiscal jefe antidroga actual —sucesor del que inició el asunto— replicó que la Audiencia de Pontevedra sí es competente para juzgar estos hechos, cometidos en España, y con epicentro en una nave de Cabral, Vigo. Recalcó que los acusados actuaron con la finalidad de construir en Vigo (y, en ocasiones, terminar en Portugal) esas embarcaciones, que entregaron a clientes en España para usarlas en las costas españolas. «La estructura criminal nace en Vigo, aunque luego se expanda y se desarrollo en otros puntos de España», expuso el fiscal, que insistió en que «las embarcaciones solo tenían un uso posible», que era la actividad de narcotráfico.
Estos argumentos fueron los que motivaron los registros, seguimientos y otras intervenciones de la Guardia Civil, que tenía «indicios» claros de la posible actividad delictiva. La Audiencia fijó para el 16 de febrero el inicio del juicio y para informar de la resolución de estas cuestiones previas. Las sesiones comenzarán con las declaraciones de testigos, ya que el tribunal accedió a que los acusados presten declaración al final de las intervenciones para conocer los cargos completos que se le imputan.